Programa
- 1. Una gestión que cuide el dinero de todos
- 2. Reactivar la producción y el empleo
- 1. PROPUESTAS TRANSVERSALES
- 2. FOMENTO A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
- 3. DESARROLLO DE LAS A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
- 4. REORIENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INSERCIÓN INTERNACIONAL DEL PAÍS
- 5. NUEVO MODELO DE RELACIONES LABORALES
- 6. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, FERROVIARIA Y PORTUARIA
- 7. GESTIÓN MÁS EFICIENTE DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
- 8. PROPUESTAS SECTORIALES
- 9. AGRO
- 10. INDUSTRIA
- 11. TURISMO
- 12. LIBERTAD FINANCIERA
- 3. Recuperar la convivencia
- 4. La integración social como tarea de todos
- 5. Apostar al conocimiento y la cultura
UN MANEJO DE LA ECONOMÍA RESPONSABLE Y ORDENADO
Uno de los pilares para lograr un crecimiento sostenido es la construcción de instituciones económicas sólidas, que pongan límites a eventuales comportamientos irresponsables por parte de los gobiernos. Las desprolijidades económicas (y en particular fiscales) siempre se pagan, tanto en términos de prestigio del país como de calidad de vida de los ciudadanos. Por eso nos proponemos sentar las bases de una nueva institucionalidad, aprendiendo de lo que han hecho otros países en la región y en el mundo.
ACCIONES A IMPULSAR:
- Creación de una regla fiscal
Una regla fiscal es una condición que un país debe cumplir en relación a su recaudación y/o gasto. La regla se hace para evitar que el gobierno gaste más de lo que tiene y de lo que puede. Es algo tan simple como lo que aplicamos todos los meses en nuestras casas. A ninguna familia responsable se le ocurre gastar en forma desenfrenada y tener que endeudarse todos los años por montos cada vez mayores. Lamentablemente eso es lo que hicieron los últimos gobiernos.
Con el fin de alinear al país con las mejores prácticas internacionales, nos proponemos dar los pasos para instalar una regla fiscal que favorezca una conducta de gasto público ordenada. Para eso estableceremos un cronograma de implementación que se ejecutará a lo largo del período de gobierno. El objetivo será primero desacelerar, y después detener y revertir, el crecimiento de la deuda pública, sin aumentar la carga impositiva y tendiendo a mediano plazo hacia una disminución de impuestos. Así lograremos que las personas y las familias dispongan de más recursos, y que las empresas sean más competitivas.
La introducción de una regla fiscal debe entenderse como parte de una agenda más amplia de crecimiento a mediano plazo. Se trata de una condición necesaria para avanzar hacia un manejo más ordenado de las cuentas públicas, pero no de una condición suficiente. Su implementación debe de ir de la mano de una política monetaria independiente y de una adecuada gobernanza de las empresas públicas. El Banco Central debe tener mayor autonomía, de manera que su foco sea la estabilidad de precios y el manejo de las tasas de interés, en una política monetaria que modere el ciclo económico.
Algunas características del instrumento que estamos diseñando son las siguientes:
- La regla tendrá como ámbito de aplicación el conjunto de los incisos del Presupuesto Nacional (Administración Central y Organismos del artículo 220 de la Constitución) incluidos en el Balance de Ejecución Presupuestal.
- La regla fiscal fijará una meta de balance estructural. En cada período se calculará el déficit fiscal que correspondería si la economía estuviera en su producto potencial y se lo comparará con la meta de balance estructural. De esta manera se corregirá el balance efectivo/nominal (el que comúnmente medimos) por aquellas partidas que corresponden exclusivamente a la fase expansiva o recesiva del ciclo económico. Esta regla será complementada con un tope de incremento anual de gasto real vinculado al crecimiento potencial de la economía.
- Las cifras meta de déficit estructural y de incremento máximo de gasto se apoyarán en un análisis de sostenibilidad de la deuda. Es decir, se elegirán objetivos fiscales que conduzcan a un nivel de deuda sostenible en el tiempo.
- La regla tendrá un comportamiento contra-cíclico, de modo que el gasto del gobierno actúe como un estabilizador de la economía. La regla tolerará un mayor déficit efectivo (el que comúnmente medimos) en los momentos de menor crecimiento de la economía, porque los ingresos efectivos serán menores mientras los gastos crecerán asociados a los ingresos estructurales (aquellos que corresponderían a un crecimiento tendencial). Esto permitirá mantener las políticas sociales más allá de los vaivenes del ciclo económico. En cambio, la regla deberá fijar un déficit efectivo menor en los períodos de crecimiento económico.
- Para fortalecer la nueva institucionalidad, se creará un Comité de Expertos que proveerá los insumos para los cálculos del balance estructural, y un Consejo Fiscal Asesor que asesorará al Ministro de Economía y Finanzas en materia de política fiscal. Ambas instituciones colaborarán con el Ministerio de Economía y Finanzas en la determinación de las metas cuantitativas de la regla.
- Vamos a implementar una política de transparencia en la elaboración y comunicación de la regla fiscal, que permita su control y seguimiento por parte de expertos independientes y de la ciudadanía en general. Realizaremos un seguimiento permanente de su evolución para ir recogiendo los frutos de la experiencia y realizar un proceso de mejora continua.
- Una condición esencial para el buen funcionamiento de la regla es llegar a un compromiso político que otorgue credibilidad al instrumento. La regla fiscal por sí misma no asegura una conducta de gasto público ordenada. Sin embargo, la regla puede contribuir como una clara señal de buena disciplina fiscal. Para generar credibilidad y previsibilidad en este sentido, incluiremos la figura de un Compromiso Político de Responsabilidad Fiscal.
- Política monetaria
Un funcionamiento ordenado de la economía requiere un alto grado de coherencia entre las diferentes políticas macro: fiscal, monetaria, cambiaria y de ingresos. Esto es algo de lo que el país ha carecido en los últimos años, como lo prueba el incumplimiento casi permanente de las metas de inflación. La prolongación de esta situación a lo largo del tiempo afecta la credibilidad y tiene consecuencias negativas, por ejemplo, sobre las decisiones de inversión. Para mejorar en esta materia nos proponemos:
- Dar prioridad al control de la inflación, manteniendo el sistema de metas pero mejorando su funcionamiento, de modo que el cumplimiento sea la norma y no la excepción.
- Introducir cambios en la gobernanza del Banco Central. El BCU deberá realizar rendiciones de cuentas periódicas y, en caso de apartamientos de las metas, deberá justificarse y anunciar plazos para su cumplimiento.
- Mayor independencia de la política monetaria respecto de otras políticas macro. El tipo de cambio no puede ser simultáneamente una meta.
- Política tributaria: fortalecimiento de los derechos del contribuyente
Con el objetivo de que la administración tributaria sea eficiente y dicha eficiencia beneficie a los contribuyentes, nos proponemos reducir los costos de cumplimiento de los contribuyentes, en especial los de pequeña y mediana dimensión.
La Administración Tributaria pondrá foco en lograr que la mayoría de los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias de forma voluntaria, fortaleciendo el sistema y permitiendo que los recursos destinados para asegurar la recaudación, se utilicen de la mejor manera posible.
Profundizar el uso de nuevas tecnologías permitirá simplificar la burocracia y la carga tributaria. Por ejemplo, nos proponemos seguir avanzando en la confección de Declaraciones Juradas “sugeridas” por parte de la Oficina recaudadora, y analizar la eliminación de Anexos y Declaraciones Informativas que suministran información que ya se vuelca a través del régimen de Factura Electrónica (Ej: Formulario 2181, 1146, etc.) También se profundizará en el uso de nuevas tecnologías para el pago online de los impuestos, y para prefacturar los tributos en aquellos casos que el régimen tributario lo permita.
Asimismo, nos proponemos introducir cambios normativos que garanticen al contribuyente el derecho al debido proceso y una reparación rápida y justa en los casos en los que corresponda.