Recuperar la convivencia

El primer paso hacia un país mejor es recuperar una convivencia segura y pacífica. Tal como dice nuestra Constitución, la seguridad es un derecho fundamental de los ciudadanos. Por eso no existe contradicción entre seguridad y derechos humanos. Garantizar la seguridad de las personas y de las familias es el primer deber del Estado.

Uruguay fue durante mucho tiempo un país seguro, pero en los últimos años dejó de serlo. Y las cosas tienden a agravarse. El Estado se ha vuelto incapaz de protegernos. De hecho, hay zonas que ya ni siquiera controla. Todo esto ocurre pese a que, desde el año 2005 a la fecha, el presupuesto del Ministerio del Interior se multiplicó por 4 y la cantidad de policías llegó a su máximo.

Los uruguayos tenemos que recuperar la calidad de nuestra convivencia. Para eso necesitamos tomar medidas que pongan al Estado en condiciones de ejercer adecuadamente sus funciones de prevención, disuasión y represión del delito. Eso requiere un conjunto de acciones complementarias.

Una primera línea de acción consiste en el fortalecimiento jurídico y simbólico de la Policía. Debemos crear las condiciones para que sea posible un ejercicio eficaz de la autoridad legítima. Eso exige volver a aplicar normas que hoy no se están aplicando e incorporar otras que den protección a quienes están arriesgando su vida para cuidar a la sociedad.

Una segunda línea consiste en una reorganización profunda de la Policía. En particular, hay que devolver a las comisarías su papel como unidades operativas básicas, generadoras de información desde el territorio y constructoras de vínculos con la población. Debilitar a las comisarías fue uno de los grandes errores de la actual política de seguridad. También es necesario revisar los programas de formación del personal policial (para asegurar a todos el entrenamiento adecuado), modificar la política de adquisiciones de materiales y equipos (para dar transparencia y eficiencia al manejo de recursos) y jerarquizar y reorganizar las especialidades policiales. La tarea de reorganización también requiere mejorar las condiciones de vida del personal policial, para que puedan cumplir su tarea en forma adecuada. En este sentido, es esencial concretar un plan de vivienda que dé condiciones mínimas de seguridad a las familias de quienes deben combatir el delito.

Una tercera línea de acción consiste en lanzar un combate frontal contra el crimen organizado. Eso requiere fortalecer las tareas de inteligencia, mejorar el control de las fronteras, prevenir los riesgos de corrupción mediante el fortalecimiento de los órganos de vigilancia interna y recuperar el control de todo el territorio nacional. En este terreno como en otros, será necesario revisar y modificar el Código del Proceso Penal.

Una cuarta línea apunta a fortalecer la articulación entre el aparato de seguridad del Estado y la sociedad civil. Hay que fomentar la participación ciudadana en la prevención del delito (por ejemplo, fortaleciendo los lazos con la Policía Comunitaria) y hay que trabajar en la creación de espacios seguros que generen nuevas dinámicas de convivencia. Esto incluye el desarrollo de programas para el tratamiento de las adicciones y la recuperación de espacios públicos que han sido abandonados. También hay que fortalecer las relaciones de cooperación entre el Estado y las empresas privadas de seguridad.

Por último, es imperiosa una reforma profunda del sistema carcelario, que convierta a los establecimientos penitenciarios en auténticos lugares de rehabilitación y no en escuelas del delito. Esto requerirá mejorar la infraestructura (más cárceles de menor tamaño), pero también exigirá desarrollar programas que combinen la atención sanitaria (incluido el tratamiento de adicciones), la educación formal y una capacitación laboral que facilite la reinserción de las personas liberadas. En los establecimientos destinados a menores de edad, es necesario crear comunidades terapéuticas que hagan un abordaje integral de la problemática de cada joven. Realizar este conjunto de esfuerzos es una exigencia moral, porque las cárceles son hoy el lugar donde más se violan los derechos humanos en Uruguay. Pero además es una condición para volver a tener una convivencia segura.

Todas estas acciones forman parte de una visión que va más allá del concepto de seguridad pública, para incluir la noción de seguridad ciudadana. Esta noción se vuelve importante cuando entendemos que una mejora sostenida de los niveles de seguridad requiere mucho más que las tareas de disuasión y represión del delito. La prevención (incluida la que debe realizarse en las cárceles) es la primera barrera contra el crecimiento sistemático de la criminalidad. Y una política de prevención integral no involucra únicamente al Ministerio del Interior sino al conjunto del Estado, porque requiere la reconstrucción del tejido social y el involucramiento de toda la ciudadanía. El cumplimiento efectivo de esta tarea compleja es una de las principales responsabilidades de un presidente de la República.

Queremos ir más allá todavía. El papel del Estado no consiste solamente en prevenir, disuadir y reprimir el delito, sino en crear las condiciones para que cada miembro de la sociedad pueda desarrollarse plenamente y buscar su felicidad. El objetivo final es el desarrollo humano sostenible. 

Tal como se señala desde distintos organismos de las Naciones Unidas, esto requiere que los gobiernos extiendan el alcance de su acción desde la esfera de la seguridad ciudadana a la esfera de la seguridad humana. Trabajar por la seguridad humana significa crear seguridades contra un conjunto de riesgos que pueden atentar contra el pleno desarrollo de las personas. Tal como es formulado en los documentos del PNUD, la seguridad humana consiste en la libertad respecto del miedo y la necesidad.

El concepto de seguridad humana incluye:

• la seguridad económica (seguridad respecto de la pobreza y el desempleo persistentes);
• la seguridad alimentaria (seguridad respecto del hambre y la desnutrición);
• la seguridad sanitaria (seguridad respecto de las enfermedades infecciosas y otros problemas derivados de la falta de acceso a servicios básicos de salud);
• la seguridad ambiental (seguridad respecto de la contaminación y el agotamiento de recursos naturales);
• la seguridad personal (seguridad respecto del delito, el terrorismo y la violencia doméstica);
• la seguridad comunitaria (seguridad respecto de tensiones étnicas o religiosas); y
• la seguridad política (seguridad respecto del uso arbitrario del poder y las amenazas a la libertad).

Seguridad humana es lo que le falta a una creciente cantidad de uruguayos, como consecuencia de un Estado ausente. Seguridad humana es lo que no hay en buena parte de los asentamientos, o en otras zonas en las que ya no entra la policía, las ambulancias ni el transporte público. Seguridad humana es aquello de lo que carecen quienes viven en situación de calle, quienes sobreviven en zonas controladas por los narcos y quienes están expuestos a distintas formas de contaminación.

La seguridad humana es un concepto que vertebra toda la acción del Estado. Se trata de una visión que está centrada en las personas, no en las reparticiones burocráticas, y que exige organizar el conjunto de las políticas públicas de modo que se refuercen para alcanzar un mismo fin: asegurar a todos las condiciones para vivir con dignidad. Eso explica por qué en este capítulo no hablamos solamente del combate al delito, sino de un conjunto de acciones mucho más amplio que apuntan a ofrecernos vidas más plenas y seguras.