SEGURIDAD SOCIAL

El futuro de nuestro sistema de seguridad social es motivo de preocupación. El  presupuesto del BPS para el año 2019 prevé un déficit de 800 millones de dólares, que deberá ser cubierto con transferencias desde el Estado central. Esta cifra (que ya considera como parte de los ingresos más de 2 mil millones de dólares de la llamada recaudación afectada, es decir, recaudación ya destinada a transferirse al BPS) es el doble que en 2015. Este es el resultado de la implementación de la ley de flexibilización votada en 2008 (Ley N° 18.395), que tuvo el efecto de desestabilizar un sistema que se venía equilibrando.

A esto se suman los desafíos que nos esperan en el futuro. A partir del próximo período de gobierno, las personas mayores de 60 años superarán a las menores de 15. Las proyecciones de población realizadas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto indican que las personas mayores de 65 años pasarán de ser el 14% en la actualidad a ser entre el 20 y el 26% en  2050. A esto se suma que las sucesivas leyes de desafiliación de AFAP generan compromisos futuros que deberán ser asumidos por las nuevas generaciones. Sólo la llamada “ley de cincuentones” (Ley N° 19.590) tendría costos fiscales que alcanzarían los 200 millones de dólares anuales.

Estos desafíos son reales, pero no nos llevan a ser derrotistas. Todos merecemos una jubilación digna al final de una vida de trabajo. Se trata de un derecho que tenemos que proteger, y la primera manera de hacerlo es administrar con cuidado.

Nuestro desafío es tener un sistema de seguridad social solidario y económicamente sustentable, que asegure una vida digna y disfrutable a los futuros jubilados. Esta meta debe alcanzarse  sin vulnerar derechos adquiridos ni cambiar las reglas de juego a quienes llevan años aportando. La seguridad social es el componente principal de nuestro sistema de protección social, y tenemos que hacer lo necesario para que siga siéndolo. Por eso nuestra propuesta se apoya en cuatro conceptos fundamentales:

• Pensar el futuro de la seguridad social a partir de un reconocimiento de los cambios que ocurren en el mundo, en nuestra sociedad y en la vida de los ciudadanos.
• Mejorar la eficiencia del gasto en seguridad social, aplicando nuevos instrumentos o adecuando los actuales, para que el Estado actúe centrando sus esfuerzos en la población de menores recursos.
• Favorecer la inclusión de los uruguayos que aún permanecen fuera del sistema de seguridad social, al mismo tiempo que se reconoce el esfuerzo de quienes cumplen con las obligaciones respecto al sistema.
• Fortalecer el pilar de ahorro individual, como mecanismo cierto de defensa de los haberes de retiro de los trabajadores, y de financiación de proyectos productivos.

ACCIONES A IMPULSAR:

• Convocatoria a una comisión multipartidaria de expertos

Cuando el problema es complejo, no es buena idea apurarse. Por eso, nuestra primera propuesta es crear una comisión de expertos de primer nivel designados por los partidos políticos, a los que se dará un año para realizar una evaluación cuidadosa de la situación, identificar posibles escenarios y definir un menú de estrategias de reforma que aseguren la sustentabilidad de mediano y largo plazo con una visión de la sociedad en su conjunto.

Esa comisión, que trabajará en consulta con las diferentes representaciones sociales, deberá elaborar y presentar propuestas o alternativas para reformas paramétricas del régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional administrado por el Banco de Previsión Social, así como para perfeccionar el pilar de ahorro individual. El objetivo será devolverle al régimen el equilibrio financiero-actuarial, hoy puesto en riesgo por las malas decisiones y por el envejecimiento demográfico. La comisión tendrá acceso a toda la información disponible en el BPS y en otras dependencias del Estado, y contará con recursos para asegurarse el asesoramiento de especialistas de primer nivel.

La experiencia internacional revela que los gobiernos usualmente recurren a la conformación de comisiones especiales que elaboran el diagnóstico y realizan recomendaciones, con rango técnico-político, ya que esto permite ganar en experticia técnica y proporciona legitimidad. Existen ejemplos de este tipo en Suecia, Holanda, Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Alemania, Italia, Chile, entre otros países.

Sólo cuando se disponga de un conjunto de propuestas con fuerte respaldo técnico y alta legitimidad política, estaremos en condiciones de encarar un proceso de reforma de la seguridad social. Se trata de un tema demasiado delicado como para convertirlo en campo de batalla electoral. El sistema político debe desplegar aquí toda su madurez y todo su sentido de responsabilidad.

• Mejoramiento de la gestión del BPS

Debido a problemas de conducción y de control interno, el BPS ha perdido capacidad institucional para cumplir sus cometidos de manera eficiente. Algunas pruebas de ello son el crecimiento injustificado del subsidio por enfermedad, los juicios perdidos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los fraudes al FONASA y los notorios errores en sus proyecciones sobre la evolución del número de jubilaciones y, consiguientemente, sobre las necesidades de financiamiento del organismo: en 2008 el BPS estimó que, como consecuencia de las reformas que se estaban introduciendo, entre 2009 y 2015 se generarían unas 37.000 jubilaciones adicionales; pero cuando llegó el año 2015 el aumento real había superado las 100.000 jubilaciones, es decir 3 veces más de lo previsto.

Nos comprometemos a realizar una auditoría externa y una revisión general de procesos de gestión desde el momento de nuestra llegada al gobierno. La auditoría externa debe alcanzar de manera muy especial al FONASA, con el fin de tener un diagnóstico preciso de situación.

• Plan de mejora de la recaudación del BPS

Nos proponemos impulsar medidas que favorezcan la formalización sin castigar a quienes realizan aportes.

• Parte de esas medidas deben apuntar a incluir un núcleo de informalidad “dura” que comprende principalmente a trabajadores de bajos ingresos y de determinadas actividades (servicio doméstico, construcción, etc.). Esta situación tiende a prolongarse en el tiempo, pese a que la incorporación al sistema les aportaría beneficios en materia de prestaciones económicas y cobertura de salud. Para lograrlo se seguirán dos líneas de acción. Por un lado realizaremos campañas de información y sensibilización dirigidas a esos grupos. Por otro lado, avanzaremos en un rediseño del modelo de cobertura que parta de recuperar una visión integral de la persona.
• La formalización de un trabajador de bajos ingresos no va a lograrse si no se trata en conjunto con la readecuación de otros programas de protección social y de programas de formación profesional. En las condiciones actuales, el hecho de excederse mínimamente del límite que asegura determinadas prestaciones tiende a bloquear cualquier decisión de formalización. Hay que repensar la problemática, con flexibilidad y racionalidad.
• Una mejora de la recaudación y de la eficiencia interna permitirá generar ahorros que puedan traducirse en mejores prestaciones a la población activa. En la medida en que esos recursos se generen (cosa que puede verse reforzada por otros factores externos, como el aumento de la actividad económica), nuestro compromiso es avanzar hacia algunas metas que percibimos como deudas hacia la población pasiva.

• Mejora del régimen jubilatorio de ahorro individual

El régimen mixto ha demostrado ser una buena solución que nos comprometemos a mantener. En ese marco, nos proponemos fortalecer su funcionamiento al mismo tiempo que se profundiza la solidaridad del sistema. En particular, impulsaremos las siguientes iniciativas:

• Creación de un Tercer Fondo en el régimen de ahorro individual obligatorio, de inversión en renta variable. De este modo, los afiliados (especialmente los más jóvenes) podrán aumentar los ahorros acumulados en la primera etapa laboral y así incrementar su fondo acumulado para obtener en el futuro una pasividad mayor.
• Creación de mecanismos para promover la competencia en el tramo de desacumulación (rentas previsionales), donde actualmente el Banco de Seguros del Estado constituye un monopolio de hecho, con todas las desventajas que ello puede implicar para el sistema y para los futuros pasivos.
• Facilitar mayores sinergias entre los fondos de ahorros previsionales y los proyectos de inversión productiva que requiere el país.
• Incentivar y promocionar el sistema de ahorro voluntario (art.48 de la Ley N° 16.713). Dada la rentabilidad y la seguridad de los fondos de ahorro previsional, se buscará incentivar el ahorro voluntario tendiente a una mejora adicional de la renta previsional de los futuros pasivos.

• Revisión de la normativa que restringe la posibilidad de trabajar luego de jubilado

Nos proponemos revisar la normativa vigente, con el fin de proteger a las personas mayores de 60 años que, siendo jubilados, desean mantenerse en actividad acorde a sus capacidades. La normativa vigente ( Ley N° 19.006, de compatibilidad entre trabajo y jubilación) es una norma restrictiva que ignora recomendaciones de organismos internacionales, afecta muy negativamente la vida de los adultos mayores, y obstaculiza la transferencia de conocimiento entre generaciones.

• Revisión progresiva del IASS

En un marco de progresividad y responsabilidad, es necesario someter a revisión el régimen del IASS. Se estima que cerca de una cuarta parte de los jubilados y pensionistas pagan este impuesto, es decir unas 170.000 personas. Dado el actual estado de cuentas públicas, quien hoy prometa su eliminación total e inmediata estará haciendo demagogia. Pero es necesario avanzar de manera progresiva hacia un esquema de tributación más justo y más moderno.

• Préstamos y otras propuestas en beneficio de los pasivos 

Nos comprometemos a superar situaciones que están castigando a los pasivos de manera injustificable. Un ejemplo es el lucro con los préstamos a los pasivos por parte del BPS y del BROU. Esos préstamos son tomados principalmente por jubilados y pensionistas que perciben pasividades más bajas, como forma de hacer frente a gastos que no pueden solventar con sus ingresos corrientes. Para el BPS y el BROU son operaciones con riesgo cero, porque la cuota se descuenta de las pasividades (el BPS lo hace por sí mismo, el BROU tiene convenio con el BPS). Es esas condiciones, y tratándose de una población muy vulnerable, podría esperarse que las tasas que se cobren fueran bajas, pero ocurre lo contrario: las tasas llegan a ubicarse por encima del 30%.

Esta combinación entre pasividades bajas y altas tasas de interés tiene consecuencias sociales tremendas. Miles de pasivos se ven obligados a renovar los préstamos para poder pagar las deudas generadas por el préstamo anterior. Quiere decir que los bancos del Estado están lucrando con las necesidades de la población pasiva. El caso del BROU es especialmente escandaloso, porque el cobro de intereses a los pasivos genera utilidades que luego son parcialmente volcadas en el FONDES, para ser usadas en préstamos que frecuentemente van a pérdida.

Nos proponemos:

• Reducir progresivamente todas las tasas que se aplican a los préstamos a los pasivos.
• Complementar el ingreso de quienes reciben las jubilaciones de menor monto, mediante beneficios en especie, como el acceso a lentes y audífonos.
• Transformar el programa de viviendas para jubilados y pensionistas iniciado en 1987, integrándolo con la planificación general propuesta para las soluciones habitacionales de la población, con el objetivo de poner al día las casi 10.000 solicitudes de jubilados hoy pendientes. Revisar la normativa vigente, con el fin de flexibilizar algunas rigideces como las que impiden la cohabitación.

• Otras medidas de protección social

Más allá de las medidas dirigidas específicamente a los pasivos, nos proponemos impulsar otras medidas de protección social, como las que se dirigen al núcleo familiar. Algunos ejemplos son:

• Incremento de la Asignación Familiar común hasta equipararla con la AFAM del Plan de Equidad, reconociendo el esfuerzo contributivo del trabajador.
• Llevar a cabo el control sanitario y de asistencia escolar de los menores a los diferentes centros de estudios, priorizando los resultados de cumplimiento frente a la sanción meramente económica.