PROTECCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Censo Nacional de 2011 incorporó por primera vez la variable “Discapacidad” en la información oficial sobre población. El resultado fue que, de un total de 3.251.654 habitantes que tiene el país, algo más de medio millón (exactamente: 517.771 personas) presentan algún tipo de discapacidad. Esta cifra representa un 15,9% de la población total. De este conjunto, 365.462 presentan una discapacidad leve, 128.876 una discapacidad moderada y 23.433 una discapacidad severa.
Hasta ahora no se ha hecho lo necesario para dar respuesta a esta realidad. La prueba la aportan los propios resultados del Censo. El 48% de las personas con discapacidad viven en los hogares de menores ingresos. Mientras que, en el conjunto de la población, el 12.6% de los mayores de 25 años tiene un nivel de instrucción definido como “bajo”, esta cifra trepa al 37,7% entre las personas con discapacidad. En el Uruguay de hoy, y como tendencia general, ser una persona con discapacidad implica tener menos oportunidades. Eso aumenta el riesgo de caer en situaciones de pobreza, desempleo o marginación. Actualmente el estado no cumple con la Ley N° 18.651 sobre protección de personas con discapacidad, que habilita el acceso al 4% de los puestos de los empleos públicos.

ACCIONES A IMPULSAR

1.  Secretaría Nacional de Discapacidad

Las respuestas que exige esta situación empiezan por lo institucional. Como manera de dar relevancia al tema, vamos a promover la creación de una Secretaría Nacional de Discapacidad.

2. Modificaciones normativas e institucionales

Nos proponemos introducir diferentes modificaciones en la normativa vigente, con el fin de poner fin a situaciones injustas, que en algunos casos configuran discriminación. Entre ellas:
• Efectiva implementación del registro único de personas con discapacidad, creado por la Ley 18651, de Protección Integral de Personas con Discapacidad, en el año 2010.
• Vamos a promover un cambio en el régimen de licencias laborales, con el fin de dar respuesta a las necesidades legítimas de las madres y padres que tienen hijos con discapacidad. La normativa actual no se ajusta a las necesidades reales de esa población.
• Introduciremos el concepto de baremo progresivo al momento de establecer el acceso a la pensión por invalidez en caso de discapacidad no severa, a fin de evitar las inequidades para los núcleos familiares que superan mínimamente los requisitos y quedan excluidos íntegramente del programa.
• Promoveremos la adecuación de las condiciones de acceso e incompatibilidades de las Ayudas Extraordinarias (AYEX) que otorga el BPS, en particular aquellas que refieren a las coberturas en centros especializados, con las posibilidades de traslado del beneficiario. Se analizará en cada caso si eso constituye una barrera que impide el acceso al beneficio.
• Analizaremos el universo de las AYEX hoy vigentes, evaluando su impacto en la rehabilitación y mejora de la calidad de vida para las personas que poseen el beneficio. Crearemos protocolos de actuación y promoveremos la medición objetiva de resultados y control de asistencia, aplicando nuevas tecnologías.
• En materia impositiva, se ampliarán las reducciones para la compra de software y tecnología que aporten soluciones específicas a la población con discapacidad.
• Fortalecimiento institucional de PRONADIS. Vamos a convocar a un encuentro nacional sobre atención a las personas con discapacidad para evaluar el desempeño del programa y generar líneas de acción para el quinquenio.
• En coordinación con el Ministerio de Trabajo, se fortalecerá el programa PROCLADIS de INEFOP, aumentando la oferta de capacitación especializada orientada a la inserción laboral de personas con discapacidad.
• Acondicionamiento de los centros públicos de atención a personas con discapacidad. En especial se trabajara en el acondicionamiento y ampliación del Centro Cachón revirtiendo las decisiones tomadas por la actual administración. Se coordinará con los gobiernos departamentales el desarrollo de una red  a nivel nacional.

3. Discapacidad e inclusión educativa

La inclusión de alumnos con discapacidad en centros educativos comunes es una idea ampliamente compartible, pero su ejecución inadecuada puede conducir (y de hecho está conduciendo) a dolorosas frustraciones para todos los implicados: los alumnos con discapacidad, los docentes y las familias. Para que esta tarea pueda cumplirse con éxito, es necesario desarrollar diversas líneas de acción que hoy tienen un desarrollo insuficiente:
• La formación para la práctica pedagógica en condiciones de inclusión debe fortalecerse en los institutos de formación docente.
• La infraestructura de los centros de enseñanza debe modificarse para asegurar la accesibilidad.
• También debe generalizarse la figura del acompañante pedagógico en el aula, y desarrollar políticas para su adecuado reclutamiento, formación y evaluación. Esta formación deberá incorporar diferentes especialidades, incluida la atención y apoyo a personas con trastornos del espectro autista.
• El papel de los centros de enseñanza debe ir más allá de desarrollar una educación auténticamente inclusiva. Junto con esto, proponemos que la infraestructura educativa pueda ser utilizada para el cumplimiento de otras formas de apoyo y terapia fuera del horario escolar. De esta manera contribuiremos a evitar traslados y otras complicaciones logísticas que afectan a muchas familias.

4. Accesibilidad universal

Algunos de los temas mencionados en el caso de la enseñanza deben extenderse a la sociedad en su conjunto. La accesibilidad no debe asegurarse únicamente en los centros de estudio sino en todos los ámbitos. Esto también requiere medidas específicas:
• Es necesario avanzar hacia un plan general de ciudades accesibles, que aplique los principios del Diseño Universal y Usabilidad a los espacios públicos, al transporte y a los espacios privados donde se cumplan tareas de interés general (como centros de enseñanza y establecimientos de salud).
• Otra línea de trabajo consistirá en el desarrollo de infraestructura para el cumplimiento de tareas de rehabilitación y estímulo, así como para el desarrollo del deporte de competición. El ejercicio físico es un factor esencial, tanto en el desarrollo y mantenimiento de capacidades como en la construcción de la sociabilidad y la autoestima. Muchos uruguayos con discapacidades tienen grandes dificultades para acceder a instalaciones adecuadas a estos fines, especialmente en el interior del país. Es responsabilidad del Estado hacer lo necesario para cambiar esta situación. Esto requerirá en algunos casos el desarrollo de nuevas instalaciones o la adaptación de otras ya existentes, mientras que en otros casos podrá avanzarse por la vía de convenios con instituciones públicas o privadas que cuentan con plantas físicas y con equipamientos en condiciones de ser utilizados. Lo importante es ser capaz de pasar por encima de barreras burocráticas que bloquean el acceso a soluciones.
• Tal como se indicó en la sección referida a Telecomunicaciones, desarrollaremos programas de formación para personas con discapacidad, y aseguraremos la accesibilidad de todos los sitios web de la Administración Pública. Aprobaremos exoneraciones impositivas para la compra de accesorios tecnológicos que faciliten la accesibilidad. Asimismo, promoveremos y facilitaremos el desarrollo local de tecnología destinada a estas poblaciones, que brinde soluciones en todos los órdenes de la vida cotidiana. Crearemos un conjunto de normas y programas específicos y  fortaleceremos los ya existentes.
• Se promoverá el turismo inclusivo, en las condiciones descritas en la sección correspondiente a Turismo.
• Se promoverá el uso del Braille en las bibliotecas públicas y privadas, y se incorporará una sección específica en la Biblioteca Nacional.
• Promoveremos la incorporación al programa de viviendas para jubilados de una línea específicamente dirigida a adultos mayores con discapacidad.

5. Discapacidad y sociedad civil

Una parte central de nuestro enfoque consistirá en apostar a la sociedad civil organizada. La sociedad uruguaya alberga a una cantidad de organizaciones e instituciones sin fines de lucro que canalizan la generosidad y la capacidad de aporte de miles de personas. Esas organizaciones se involucran en la protección a diferentes grupos de población y en la atención a sus necesidades.
Nosotros creemos que la sociedad organizada puede hacer muchas cosas mejor que la burocracia estatal. Eso ocurre cada vez que el involucramiento personal y el compromiso sin horarios pueden hacer una diferencia. Eso no significa que el Estado no deba intervenir, sino que la intervención del Estado debe concentrarse en el financiamiento, el aporte de personal especializado y la evaluación técnica de resultados. Nuestro país tiene mucha experiencia en esta clase de combinación. Dos ejemplos bien conocidos son los Centros CAIF y MEVIR. Las políticas de protección social se beneficiarían si extendiéramos esa misma forma de trabajo a otras áreas. En este marco nos proponemos:
• Incrementar el impacto obtenido por los programas de protección a las personas con discapacidad, mediante el fortalecimiento de la sociedad civil organizada, diferenciando el rol honorario del cuerpo directriz, el papel a desempeñar por el voluntariado y las actividades regulares y permanentes del personal técnico remunerado, bajo un enfoque orientado a resultados, con objetivos cuantificados y evaluados técnicamente por el Estado.
• Promover la integración de los diversos programas de protección a la discapacidad, transformando el enfoque actual que traslada la ineficiencia del modelo burocrático estatal a quienes más necesitan, pasando a un enfoque centrado en el beneficiario.
• Avanzar en una un plan global de formación de cuidadores, con fuerte participación de la sociedad civil. Uno de nuestros objetivos es crear, en el marco de lo dispuesto por la Ley 18.651, un programa de residencia asistida para personas con discapacidad que carezcan de apoyo familiar.

6. Discapacidad y equinoterapia

La equinoterapia resulta un instrumento útil para la rehabilitación en la mayoría de las deficiencias neuro-musculo-esqueléticas, especialmente en las relacionadas con el movimiento, las deficiencias psicomotoras y las deficiencias sensoriales. La actividad se ha desarrollado en los últimos años y hoy está regulada por el Decreto 480/008, del 10/10/2008.
La mayor parte de los centros de equinoterapia se encuentran en unidades militares bajo la dirección del CENAFRE (Centro Nacional y Fomento de la Rehabilitación Ecuestre). También hay algunos centros particulares. Debido a los pocos cupos para atención, existe un déficit importante en la llegada a los potenciales usuarios. Desde el gobierno estudiaremos medidas de apoyo y estímulo para ampliar el acceso a esta alternativa terapéutica.