POLÍTICAS SOCIALES

REORGANIZACIÓN DEL MIDES

Nos proponemos una reorganización paulatina del MIDES, que lo concentre en las tareas de rectoría (definición de objetivos, diseño de estrategias generales, financiamiento y evaluación), al tiempo que la operativa se traslada a otros ámbitos (programas sociales de gobiernos departamentales, organizaciones de la sociedad civil, organismos estatales vinculados). Todo esto supondrá desarrollar una ingeniería de convenios e instrumentos de seguimiento y evaluación, así como organizar tareas de capacitación para el personal del propio ministerio.

ACCIONES A IMPULSAR

1. Desmontar el actual formato burocrático y compartimentado para pasar a una organización flexible, centrada en la ejecución de programas globales.

2. Organizar la política social en un conjunto relativamente reducido de programas inter-institucionales de alto impacto, en lugar de dispersarla en una multitud de iniciativas difíciles de identificar, de controlar y de evaluar.

3. Instalar para cada programa el principio: “un programa, un responsable”, con el objetivo de evitar ineficiencias y disolución de responsabilidades.

4. Definir criterios claros de priorización presupuestal, de manera tal que lo que se declare una prioridad efectivamente lo sea en los hechos.

5. Definir modalidades de cooperación y de transferencia de fondos hacia los gobiernos departamentales, para aquellos componentes de los programas asociados a las competencias municipales y en el marco de convenios específicos, con evaluación permanente de avances respecto de los objetivos acordados.

6. Regular la participación de organizaciones de la sociedad civil, priorizando los contratos de gestión a término, la rendición de cuentas y la medición de impacto.

7. Promover en todos los programas sociales el criterio de contraparte, como camino para fortalecer la dignidad de los beneficiarios: “No hay nadie tan vulnerable y necesitado que no tenga algo para dar”.

8. Incorporar las orientaciones vigentes en materia de Responsabilidad Social, haciendo hincapié en la mutua implicancia y alianzas entre los distintos actores involucrados: organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos nacionales y departamentales, empresas, sindicatos, comunidades locales, etc.

9. Generación de un modelo de auditoria de gestión que permita ver el desarrollo y la relación inversión – beneficiario. Aspiramos a desarrollar un Índice de desarrollo social, inclusión y ciudadanía, que permita evaluar impactos a lo largo del tiempo, en forma desagregada según las diferentes zonas de intervención.

10. Definir un sistema de indicadores sociales, ajustado regularmente a las realidades evaluadas.

PRIORIDAD A LA PRIMERA INFANCIA

La primera infancia es un período de la vida que abarca desde el nacimiento a los seis años. Comprende dos ciclos. El primero de ellos se extiende desde el nacimiento a los 36 meses y el segundo desde los 3 a los 6 años de edad. Con la Ley General de Educación No 18.437 se incorporó a la primera infancia como la etapa que inicia el proceso educativo de las personas.
El sector poblacional que se ubica en la primera infancia es comparativamente chico en Uruguay, y está en una situación de alta vulnerabilidad. Los datos del Censo 2011 muestran que los niños de 0 a 5 años son el 8 % de la población uruguaya, mientras que las personas de 65 o más años representan el 14,1 %. Sin embargo, mientras el 18% de los niños entre 0 y 3 años son pobres, menos del 1% de los mayores de 66 años lo son. El 40% de los niños que nacen en Uruguay lo hacen en un contexto adverso para su pleno desarrollo. Según la Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud, uno de cada cinco niños presenta algún tipo de alteración en su desarrollo psicomotor, con peores desempeños entre aquellos que viven en condiciones de pobreza.
Estos datos son preocupantes, porque la primera infancia es una etapa decisiva en la formación de la persona. El ambiente en el que un niño crece es determinante para que desarrolle o no su potencial. Un conjunto de factores que van desde la alimentación hasta la contención afectiva tienen una fuerte influencia sobre sus posibilidades de desarrollo cognitivo, sobre su forma de ser y de relacionarse con los otros. Por eso son especialmente inaceptables las inequidades derivadas del tipo de hogar en el que le toca nacer a cada uno. Sólo si la sociedad corrige las profundas desigualdades que se producen en esta etapa podremos romper el círculo de la pobreza y de la exclusión.
También está demostrado que el dinero invertido en los primeros años es el que tiene un mayor impacto sobre la vida de los beneficiarios y sobre la sociedad en su conjunto. No existe otra política que sea a la vez tan justa y tan redituable para la sociedad. El gasto público en la primera infancia no plantea ninguna disyuntiva entre eficiencia y equidad. Mejorar las condiciones de vida de nuestros niños mejorará en el mediano y largo plazo la educación, la economía, la seguridad y el funcionamiento de las instituciones políticas. A diferencia de la mayoría de las otras inversiones, la inversión en educación infantil aborda la desigualdad al mismo tiempo que promueve la productividad económica y mejora la convivencia social. Sin embargo, en el Uruguay de hoy, solamente 25 de cada 100 pesos que el Estado dedica al gasto público social son destinados a la infancia y la adolescencia.
Nos proponemos poner en marcha una política integral de protección a la primera infancia, que coordine en una sola red a los diferentes actores públicos y privados, y atienda los distintos factores que entran en juego, como la vivienda, las condiciones sanitarias y medioambientales, la dimensión educativa y el acceso a servicios de salud. Esta política abarcará desde el embarazo hasta los seis años de vida.
Esta Red de Protección a la Infancia se construirá a partir de la reorganización y fortalecimiento de dos programas que ya existen: el programa Uruguay Crece Contigo y el Plan CAIF. Estos programas deben trabajar articuladamente en el territorio, de modo que la intervención temprana de UCC tenga continuidad derivando los casos más críticos al CAIF más próximo.

ACCIONES A IMPULSAR:

11. Apoyo y acompañamiento a embarazadas en situación vulnerable desde antes del nacimiento del niño. Fortalecimiento del convenio ASSE-CAIF en el trabajo con embarazadas a través de talleres y políticas de apoyo nutricional para embarazadas adelgazadas.

12. Sensibilización del papel de padre y madre en el crecimiento del niño; adecuación y seguimiento en la red de asistencia existente.

13. Reformulación y fortalecimiento de las Asignaciones Familiares como modalidad de transferencia monetaria. En particular, proponemos equiparar la Asignación Familiar común con la que paga el Plan de Equidad, como manera de alentar la búsqueda de empleo por parte de los padres y reconocer el esfuerzo contributivo del trabajador formal. También proponemos modificar el enfoque con el que se verifica el cumplimiento de las condiciones para cobrar esas asignaciones (asistencia a clase, controles sanitarios). Todo incumplimiento debe tomarse como punto de partida para el desarrollo de acciones específicas, en lugar de ser tratado únicamente con sanciones.

14. Estudiar y analizar el diseño, los cometidos, y los resultados del Programa Uruguay Crece Contigo (UCC) creado en el año 2012. Analizar las características del Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia creado por el programa.

15. Realizar un profundo análisis del Plan CAIF y de su gobernanza. Se trabajará en la reestructura de la red de atención a la primera infancia y familia, mediante la ampliación de plazas y el fortalecimiento de su presencia territorial, cuando ella sea la opción que aporte el mejor resultado. Se potenciará y se extenderá su cobertura mediante la coordinación con otros programas, como los Centros de Atención a la Primera Infancia (CAPI), y actores privados que brinden una cobertura de alcance y finalidad similar.

16.  Para avanzar en esta dirección se elaborará un plan de optimización que permita lograr mayores impactos a partir de los recursos con los que cuenta, actualizando el modelo a la realidad actual y previendo las nuevas problemáticas que enfrentarán esos niños en su proceso de educación y crecimiento. En el marco de esta reorganización y fortalecimiento conjuntos del programa Uruguay Crece contigo y del Plan CAIF, nos proponemos impulsar estas medidas escalonadas según la edad de los beneficiarios:

17. Niños de 0 a 3 años

• Controles en salud: extensión del tiempo de consulta en controles de salud clave. Efectivo cumplimiento del convenio vigente, garantizando régimen de doble turno (30 minutos) para primeros controles, y extender también a un régimen de  doble turno los controles de recién nacidos, 4 meses, 6 meses, 12 meses, 18 meses. Para garantizar el cumplimiento de éste objetivo y estimular su pronta instrumentación, proponemos su inclusión como meta asistencial.
• Cumplimiento del marco legal vigente respecto a las salas de lactancia en lugares de estudio y trabajo (Ley 19.530).
• Profundizar el acceso al nivel educativo de 3 años, mediante la ampliación de jardines y escuelas públicas, y el desarrollo de nuevos convenios con instituciones privadas (becas de inclusión socio educativa). Mejorar la coordinación entre jardines de infantes y clases de nivel inicial en las escuelas públicas (ANEP), jardines de iniciativa privada supervisados por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), y Centros CAIF.
• Ampliar y diversificar la oferta entre los 0 y los 3 años, tal como lo establece el “Plan Nacional de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 2016-2020”. Nos proponemos ampliar la cobertura de los Centros CAIF y de los CAPI para la atención diaria.
• Garantizar el acceso e intervención precoz para niños con retrasos en el desarrollo. Debe garantizarse el acceso a la pronta consulta con especialistas y tratamiento (neuropediatra, psicomotricista, psicopedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo) para aquellos niños cuyos núcleos familiares no cuentan con BPS. Existe una situación de inequidad entre los niños que pueden acceder y los que no al programa de ayudas extraordinarias (AYEX). Esta situación, motivó en el 2017 a que la Sociedad Uruguaya de Pediatría presentara ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos una denuncia por vulneración de los derechos de los niños.

18. Niños de 4 a 6 años

• Controles en salud: extensión del tiempo de consulta. Se propone extender a régimen de doble turno (30 Minutos) los controles correspondientes a los 4 años. Para garantizar el cumplimiento de éste objetivo y estimular su pronta instrumentación proponemos su inclusión como meta asistencial.
• Asegurar el cumplimiento de la obligatoriedad de la educación inicial a partir de los 4 años (Ley 18.437). Ello se hará partiendo de la detección temprana de las situaciones de inasistencia, a efectos de contactar al responsable del niño para intentar corregir de inmediato la situación mediante el asesoramiento y apoyo. El enfoque actual de suspensión de las transferencias ha demostrado no ser suficiente para prevenir o revertir las situaciones de inasistencia o desafiliación.

Derechos del niño y medidas de protección contra el maltrato infantil

Desde el año 2011 se registra un aumento progresivo de los casos de violencia hacia niños en el país. En 2017 se registró una situación de este tipo cada tres horas. La definición de violencia utilizada en esas estadísticas incluye el maltrato emocional (39% de los casos), la negligencia (19%) , las agresiones físicas (20%) y el abuso sexual (22%). Respecto al perfil de las víctimas, el 56% son niñas y el 42% de quienes sufren agresiones están en edad escolar (entre 6 y 12 años). Frente a esta situación, nos proponemos impulsar las siguientes acciones:

ACCIONES A IMPULSAR:

19. Se continuará el combate contra el abuso sexual infantil, aumentando la prevención y represión en coordinación con el Ministerio del Interior.

20. Se creará como unidad del MIDES una “Defensoría Para la Niñez”, que tome a su cargo el seguimiento y evaluación de la protección del niño. La Defensoría supervisará el cumplimiento real de los derechos consagrados, y tendrá a su cargo la generación de propuestas de modificación de la normativa. La finalidad última será hacer visible la responsabilidad familiar y de la sociedad en su conjunto, frente al desarrollo pleno de nuestros niños.
Desde la Defensoría de la Niñez se impulsará en acuerdo con el MSP y la Sociedad Uruguaya de Pediatría, un programa permanente de sensibilización para la correcta y permanente aplicación de los protocolos de detección de situaciones de violencia o maltrato en niños.

21. Abordaremos con urgencia los graves problemas del INAU y de INISA, para evitar que los derechos de nuestros niños y adolescentes sean vulnerados por el propio Estado. También trabajaremos en una política focalizada hacia los niños que viven junto a sus madres privadas de libertad garantizando el cumplimiento cabal de sus derechos.

22. Crearemos un sistema integrado de alternativas a la institucionalización para cuando la situación desborde la capacidad de respuesta del ámbito familiar. Modificaremos el régimen de adopciones, con el objetivo de agilizar drásticamente los tiempos, garantizando los debidos procesos. En nuestro país hay una importante cantidad de menores institucionalizados, cuyas vidas mejorarían enormemente si fueran recibidos por una familia, y al mismo tiempo hay muchas personas que esperan largos años (a veces infructuosamente) para poder adoptar. Entre unos y otros hay una selva de ineficiencias y trabas burocráticas, de las cuales es responsable el Estado. Las modificaciones aprobadas en estos años sólo agravaron esta situación. Trabajaremos también en la creación de un régimen de familias de acogida, familias articuladas y otros modelos que permiten mantener el vínculo entre el niño y su familia biológica, al tiempo que lo ponen a salvo de situaciones de riesgo y le dan oportunidades de desarrollo.

Otras acciones relativas a la infancia

23. Creación de un Hospital de Día en el sector público, para atención parcial en salud mental pediátrica. Esta solución favorece la disminución del estigma social por internaciones, la participación activa del núcleo familiar en el proceso de salud del niño o adolescente y la disminución de las internaciones en hospitales generales, lo que tiene un impacto positivo en los gastos asistenciales.

24. Creación de un marco legal que garantice licencias especiales para padres o cuidadores con niños que padezcan enfermedades graves. Existe ya un proyecto de ley presentado por nuestro Sector, que intenta dar respuesta a la desigualdad generada entre trabajadores que cuentan con recursos para atender a niños con enfermedades graves y aquellos que no pueden solventarlo, lo que genera con frecuencia grandes dificultades en su vida laboral.

25. Programa de paternidad responsable, que incluya medidas legales para la igualación de derechos y obligaciones de padres y madres.

26. Programa de estímulo al cuidado intergeneracional, orientado a promover que el cuidado de adultos mayores y niños se haga en lo posible dentro de la familia.

UNA DEUDA PENDIENTE: LAS GENERACIONES JÓVENES

Uruguay se ha convertido en un país que no ofrece oportunidades a los jóvenes. Menos del 40% llega a terminar la educación media, lo que significa que cerca del 60% tendrá dificultades serias para acceder a un empleo calificado. Esta cifra aumenta a medida que disminuye el nivel de ingresos del hogar del que provienen los estudiantes.
En parte debido a lo anterior, los jóvenes son un grupo muy golpeado por el desempleo. Para los menores de 25 años, el desempleo promedio del último año fue del 25,5%. mientras que para los mayores de 25 la tasa es del 5,2%. En el caso de las mujeres jóvenes, el desempleo llega al 30,6% a setiembre de 2018.
Los jóvenes tienen dificultades para independizarse y acceder a una vivienda propia, así como para poner en marcha emprendimientos. Complementariamente, y según cifras oficiales, el  20 % de los adolescentes y jóvenes ha tenido hijos (5% entre 15 y 19 años; 25% entre 20 y 24 años; y 45% entre 25 y 29 años). Los adolescentes y jóvenes de menores ingresos tienen más hijos y más temprano que los de mayores ingresos, lo que frecuentemente se convierte en un mecanismo reproductor de la exclusión y la pobreza.
Las políticas públicas para jóvenes se desarrollan actualmente a través del Instituto Nacional de la Juventud (INJU). Pero sus programas son de escaso impacto, tienen bajos niveles de participación, están politizados y no están sintonizados con las inquietudes e intereses reales de los supuestos beneficiarios. El formato institucional apenas ha cambiado desde la década de los 90. También en este terreno hace falta evolucionar.

ACCIONES A IMPULSAR

27. Cambio del modelo institucional del INJU. Es necesario reducir su dependencia respecto del MIDES en la generación, asesoramiento y coordinación de políticas. Además, hay que aumentar las coordinaciones hacia afuera. No puede haber organismo gubernamental que trabaje en temas de juventud y no coordine con el INJU. La tarea de la actual “División Articulación, Programas Sociales y Estudios de juventud” es insuficiente en este sentido.

28. Hace falta dar más participación a los jóvenes. Para eso nos proponemos organizar una convocatoria anual de proyectos a ser financiados con recursos presupuestales del instituto. Los proyectos deberán presentarse siguiendo ciertos criterios (formulación de metas y objetivos, estimación de costos, indicadores de impacto para su evaluación, etc.). En el período previo a la convocatoria se organizarán instancias virtuales de capacitación. Una vez recibidos los proyectos, se convocará a los jóvenes de todo el país a votar en forma digital. Los proyectos con mayor apoyo pasarán a formar parte de la agenda institucional del INJU.

29. Nos proponemos dotar al INJU de un Plan Estratégico de Comunicación, desarrollado con el asesoramiento de profesionales jóvenes. El actual sitio web  no cumple las condiciones para generar interés en el público joven. La comunicación del instituto debe actualizarse y hacer un uso intensivo de las principales redes sociales (Instagram, Whatsapp, Snapchat, Twitter y Facebook). Hay que lograr una generación de contenidos permanente y tener canales de comunicación bidireccional que permitan a cualquier joven entrar en contacto con el INJU para solicitar información o asesoramiento, denunciar situaciones de acoso, discriminación o violencia, etc. Hay que difundir actividades y convocatorias a través de listas de difusión y ofrecer actividades de capacitación en forma virtual. Hay que cambiar el lema institucional del INJU y actualizar su logo. También hay que cambiar la fachada y el acondicionamiento interior del instituto.

30. Nos proponemos crear un programa “INJU Móvil”, en el marco de nuestro modelo de proximidad. Los jóvenes no tienen que ir al INJU, sino el INJU a los jóvenes. Para eso coordinaremos con ANEP y con el programa Centros MEC, para organizar un programa de visitas que lleve talleres de orientación vocacional, educación vial, salud mental, sexual y reproductiva, así como sobre hábitos alimentarios, abuso de sustancias, empleo, educación financiera y otros temas que articulan con las preocupaciones del público específico. Nos proponemos que, al final del quinquenio, se hayan visitado todos los liceos y escuelas técnicas, y la mayor parte de los centros MEC del interior.

31. El INJU está manejando de una manera muy artesanal e improvisada el conjunto de convenios que le permiten ofrecer becas y cursos. Es necesario profesionalizar esa línea de trabajo. Para eso nos proponemos crear un Programa Nacional de Becas para jóvenes que incluya estudios regulares de demanda, una política sistemática de captación de apoyos institucionales y económicos, y la elaboración de criterios claros y transparentes para la selección de beneficiarios.

32. Nos proponemos incorporar nuevos programas a las actividades permanentes al INJU. Uno de ellos serán los “Premios INJU”, dedicados a reconocer anualmente a jóvenes que destacan en algún tipo de actividad (cultural, deportiva, social, académica, etc.). Aspiramos a que el INJU organice anualmente ferias de empleo, innovación y emprendimiento, principalmente en el interior del país y en coordinación con los gobiernos departamentales.

33. La “Tarjeta Joven” es un buen instrumento para la inclusión de los jóvenes. Sin embargo, los beneficios que otorga son limitados y han sido poco actualizados. Nos proponemos fortalecer este instrumento por la vía de agregar:

• Más beneficios en librerías, realizando al menos un convenio por capital departamental y haciendo especial énfasis en las ciudades donde funcionan sedes universitarias.
• Realizar convenios con al menos una farmacia por capital departamental, con el fin de ofrecer descuentos en pastillas anticonceptivas, preservativos y demás métodos de prevención del embarazo y enfermedades de transmisión sexual.
• Firmar convenios para lograr beneficios en el transporte entre el interior y Montevideo, así como en el transporte local dentro del interior.

34. Los programas PROJOVEN e INEFOP han sido modelos exitosos en unir la capacitación y la inserción laboral, proyectando salidas capaces de generar expectativas de futuro para el beneficiario y para su entorno. Nos proponemos duplicar la cobertura nacional de programas específicamente dirigidos a jóvenes. Incorporaremos a la capacitación cursos que aporten formación para la vida, como educación legal y financiera básica.

35. Nos proponemos reformar las leyes de empleo juvenil, que claramente no han generado los efectos esperados. Tal como se indicó en la sección referida a relaciones laborales, nuestra propuesta es crear un grupo de trabajo multipartidario al que se le asignen tres tareas. La primera es realizar una evaluación del impacto logrado por las normas aprobadas en estos años, así como de la institucionalidad que en principio debe dar respuestas al problema del desempleo juvenil. La segunda es realizar un análisis del conjunto de opciones que ofrece la experiencia regional e internacional (contratos de formación, formación dual, fomento del emprendedurismo joven, programas de capacitación laboral, subsidios al primer empleo, etc.). La tercera es elaborar un proyecto de ley que complemente y profundice las medidas adoptadas hasta el presente, al tiempo que modifique la institucionalidad encargada de administrar los estímulos (creación de una “ventanilla única” desde la que acceder a todos los programas existentes).

36.   Parte de las dificultades que hoy enfrentan los jóvenes se deben a la interrupción de los mecanismos tradicionales de transmisión de saberes entre generaciones. Por eso nos proponemos estimular y fortalecer la cooperación intergeneracional, con medidas como las siguientes:

• Se desarrollarán programas públicos (convenio INEFOP-BPS) y privados (mediante estímulos a empresas y otras organizaciones) para generar espacios donde personas jubiladas transmitirán saberes concretos y experiencia de vida a jóvenes provenientes de contextos alta y medianamente vulnerables. Se dará una fuerte implantación local a la experiencia, mediante la intervención de las mesas territoriales del MIDES.
• Fomentaremos desde ANEP el desarrollo de la educación dual, tal como se especifica en la sección referida a relaciones laborales (Medida 13).
• Impulsaremos, dentro de los planes generales de acceso a la vivienda, un programa de construcción, ampliación y restauración de vivienda por ayuda mutua dirigido específicamente a jóvenes de hasta 30 años, que incluya la obligación de realizar cursos básicos de autoconstrucción.  Durante el tiempo de trabajo, los beneficiarios estarán bajo la supervisión de oficiales de la construcción retirados que transmitirán conocimientos y experiencias. Al cabo del programa se acreditarán los saberes incorporados, como manera de generar antecedentes valiosos ante futuros empleadores. Nos proponemos invitar a FUCVAM y al SUNCA a participar en el desarrollo de esta experiencia.
• Crearemos un fondo concursable para financiar emprendimientos productivos y culturales impulsados por jóvenes. El programa funcionará en modalidad de incubadora e incluirá la participación de monitores adultos que asesoren y transmitan saberes durante el proceso.

37. Nos proponemos generar oportunidades específicamente dirigidas a jóvenes que aspiran a independizarse, incluyendo créditos, garantías y fórmulas de alquiler flexible que faciliten el acceso a la vivienda. Promoveremos que los planes de vivienda existentes y a crear (MEVIR, Plan Juntos, planes del Ministerio de Vivienda, ANV, etc.) reserven un mínimo de 10% de unidades para jóvenes de entre 18 y 30 años. En el caso de los estudiantes mayores de edad, promoveremos un Plan de Vivienda Colectiva Temporal, que dure el tiempo previsto para la culminación de los estudios (más un margen razonable de tolerancia) y esté condicionado a la asistencia y escolaridad.

38. Pondremos en marcha, en articulación entre el MIDES y el MSP, un Plan Nacional de Adicciones y Salud Mental dirigido especialmente a adolescentes, que fortalezca al que ya funciona en el ámbito del MSP. El programa será de carácter nacional (urbano y rural) e integrará actividades de difusión, prevención e intervención sicológica. Promoveremos la capacitación del personal de salud, con el fin de que genere más empatía y mejor comunicación con este grupo específico. Se prestará especial atención a las problemáticas de la depresión, el consumo problemático de sustancias y el suicidio.

39. En estrecha relación con lo anterior, nos proponemos lanzar campañas de comunicación dirigidas específicamente a adolescentes y jóvenes, que serán coordinadas desde el INJU pero se canalizarán a través de diversos medios tecnológicos (básicamente redes sociales) y canales institucionales (ANEP, televisión y radios públicas, acción del MIDES en el territorio, etc.). Algunas temáticas a priorizar serán el consumo problemático de sustancias (prevención que evite el primer contacto, riesgo de la marihuana, consumo responsable, oportunidades de acompañamiento y de tratamiento, etc.), salud mental (reconocimiento de síntomas de trastornos emocionales como depresión y ansiedad, oportunidades de consulta, acompañamiento y tratamiento, prevención del suicidio), seguridad vial (con especial énfasis en el mensaje de no subirse al auto de alguien que haya consumido drogas o alcohol) y hábitos alimenticios (que promuevan el consumo de agua junto con el alcohol, el consumo de frutas y verduras, etc.).

40. Promoveremos una política integral de prevención y tratamiento de adicciones, en coordinación entre INJU, ANEP, MSP y MIDES. Además de los componentes habituales en este tipo de política (prevención, tratamiento, rehabilitación) se trabajará en habilidades interpersonales y autoestima, así como en habilidades para manejar presiones del grupo de pares. Esta política promoverá el desarrollo de centros de atención ambulatoria o de internación voluntaria, bajo diferentes abordajes para el tratamiento y rehabilitación, que comprendan y adecuen la oferta de servicios a las diferentes situaciones personales, tanto en lo referente al grado de dependencia como al contexto socio económico de la persona.

41. Profundizaremos el  fomento del voluntariado juvenil. Promoveremos la creación de una Red de jóvenes referentes que fomente el ejercicio del liderazgo positivo. Existen muchos jóvenes que, por características o por trayectoria personal, cumplen un rol de referencia en sus comunidades, y pueden cumplirlo también en otras comunidades con las que entren en contacto. No son necesariamente famosos ni siempre tienen grandes logros que mostrar, pero inspiran a las personas de su misma edad y facilitan cambios actitudinales. Nos proponemos hacer un trabajo sistemático para que esa clase de interacción se multiplique en el territorio.

POBLACIÓN ADULTA EN RIESGO

Tener una visión de ciclo de vida nos hace estar atentos a las necesidades y vulnerabilidades que se presentan en distintos grupos de edad. Por eso sabemos que la población adulta (aún aquella que trabaja y está integrada al sector formal) enfrenta sus propios riesgos y tiene preocupaciones legítimas. Algunas de esas preocupaciones tienen que ver con inseguridades económicas, como la que genera la desaparición de empleos a causa de los avances tecnológicos. Otras tienen que ver con el ejercicio de las responsabilidades parentales (por ejemplo, padres y madres de hijos con consumo problemático de sustancias, o con problemas con la justicia). También es papel de las políticas sociales atender a estas situaciones.

ACCIONES A IMPULSAR:

42. A partir de las mesas territoriales del MIDES, y en coordinación con otras dependencias públicas como el MSP y el Ministerio del Interior, crearemos grupos de apoyo a padres y madres con hijos en situación de consumo problemático o que han incurrido en acciones delictivas. El objetivo será dar contención y asesoramiento para evitar los sentimientos de desorientación y abandono que frecuentemente afectan a los adultos que se encuentran en tales situaciones.

43. Se creará un fondo concursable para financiar propuestas de microemprendimientos presentadas por personas mayores de 45 años que tengan un mínimo de 10 años de trabajo en el sector formal. Entre las condiciones para presentar una propuesta estará la aprobación de un curso sobre gestión de microemprendimientos organizado por INEFOP. Se priorizarán los proyectos que generen cambios en las comunidades locales y generen oportunidades de empleo. Se aplicarán a estos emprendimientos los mismos beneficios que se otorguen al conjunto de las micro, pequeñas y medianas empresas.

ADULTOS MAYORES

En el contexto latinoamericano, los uruguayos estamos posicionados como una sociedad envejecida: el peso de los adultos mayores en el total de población supera al que existe en los demás países de la región. Esta realidad ha conducido a que, en términos comparativos, los adultos mayores cuenten en Uruguay con mayores niveles de protección que en el resto de América Latina. Una proporción importante del gasto social se dirige a este grupo. Eso no significa, sin embargo, que no existen vulnerabilidades ni problemas a solucionar. Por una parte, el gasto público dirigido a los adultos mayores tiene los mismos problemas de ineficiencia que el conjunto del gasto social: se gasta mucho pero se gasta mal. Por otra parte, los múltiples procesos de transformación por los que atraviesan nuestras sociedades (que incluyen, entre otras cosas, un cambio profundo en las dinámicas familiares) plantean nuevos desafíos a los que es necesario responder.

ACCIONES A IMPULSAR:

44. Una proporción muy importante de los adultos mayores son personas que viven y que pasan solas la mayor parte del día. Esto genera problemas emocionales, acelera los procesos de deterioro cognitivo y expone a los adultos mayores a riesgos sanitarios innecesarios.  Hace falta generar acciones que rompan el aislamiento y favorezcan la integración social. Para eso nos proponemos ampliar y fortalecer la red de centros diurnos para la tercera edad, priorizando la atención a adultos mayores en situación de vulnerabilidad leve o moderada, ya sea por razones económicas, sanitarias o afectivas. Los centros diurnos deben funcionar como espacios de contención y atención especializada. Cada centro debe contar con un equipo permanente de profesionales que trabajarán en forma coordinada, así como personas de la comunidad que podrán integrarse en forma voluntaria.

45. Promover el envejecimiento activo trae beneficios para los adultos mayores y también para la sociedad (entre otros, disminuye las demandas sobre el sistema de salud). Por eso promoveremos la vida asociativa, fortaleciendo las organizaciones y clubes de adultos mayores, y estimulando su participación en organizaciones voluntarias, especialmente aquellas de implantación territorial. Un ejemplo de este tipo de práctica son los programas de transferencia intergeneracional de conocimientos y experiencia de vida que presentamos en la sección referida a los jóvenes (Medida 34 de este capítulo).

46. Tal como se especificó en la sección correspondiente a seguridad social, nos proponemos revisar la normativa que restringe la posibilidad de trabajar a las personas mayores de 60 años que, siendo jubilados, desean mantenerse en actividad (Ley 19.006, de compatibilidad entre trabajo y jubilación). Esta norma ignora recomendaciones de organismos internacionales, afecta negativamente la vida de los adultos mayores y obstaculiza la transferencia de conocimiento entre generaciones.

47. En la misma línea, promoveremos el deporte para adultos mayores, atendiendo a sus necesidades físicas y recreativas con el fin de favorecer su bienestar personal y su integración social. El acompañamiento de los adultos mayores estará a cargo de equipos multidisciplinarios que incluyan profesores de educación física, médicos y estudiantes avanzados de ambas profesiones.

48. Promoveremos la corresponsabilidad en el cuidado de la salud, modificando la normativa de modo tal que permita a los abuelos y abuelas cuidar a sus nietos en el marco del Sistema de Cuidados.

49. Programa Abuelas y Abuelos. Muchos niños y jóvenes que crecen en zonas de contexto crítico tienen hoy a una abuela (y con menor frecuencia un abuelo) como adulto referente. A veces ese adulto vive en la misma casa y a veces se traslada, pero la constante es que pasa largas horas con sus nietos mientras la madre está ausente. Esas abuelas y abuelos cumplen con frecuencia una tarea sacrificada y solitaria. A menudo son el último adulto en la familia que ha tenido una experiencia prolongada en el sistema educativo o en el sector formal de la economía. El Programa se propone respaldar a esas abuelas y abuelos, potenciando su capacidad como transmisores de hábitos y valores. Los beneficios incluirán la participación en grupos de encuentro, la contención sicológica (con derivación en los casos que lo requieran), la organización de espacios lúdicos compartidos y un sistema de estímulos para organizaciones y empresas que se comprometan en tareas de apoyo.

50. La promoción de una vejez integrada y activa exige la mejora de la infraestructura de las ciudades y el sistema de transporte, con el fin de adaptarlas a sus necesidades de movilidad de los adultos mayores. El plan de ciudades accesibles del que se habla en la sección dedicada a las personas con discapacidad debe considerar también a esta población.

51. Tal como se señaló en la sección dedicada a seguridad social, nos proponemos reformular el programa de viviendas para jubilados y pensionistas iniciado en 1987, integrándolo con la planificación general propuesta para las soluciones habitacionales de la población, con el objetivo de poner al día las casi 10.000 solicitudes de jubilados hoy pendientes. Es necesario revisar la normativa vigente, con el fin de flexibilizar algunas rigideces como las que impiden la cohabitación.

52. Como también se especificó en la sección referida a la seguridad social, vamos a revisar y reducir progresivamente las tasas que el BROU y el BPS aplican a los préstamos a los pasivos, generando graves perjuicios a los pasivos de menores ingresos.  Para evitar la dependencia respecto de esta clase de préstamos, nos proponemos complementar el ingreso de quienes reciben las jubilaciones de menor monto, mediante beneficios tales como la bonificación en el acceso a lentes y audífonos.