Programa

INDUSTRIA

El panorama de la industria uruguaya es diverso. Tenemos empresas públicas (o áreas dentro de ellas) que son eficientes y otras que no lo son. Tenemos una pequeña cantidad de grandes empresas privadas, muchas de ellas internacionales, con márgenes de decisión relativamente amplios. Y tenemos una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas, de capital nacional y enorme esfuerzo de trabajo uruguayo, para muchas de las cuales la ausencia de un funcionario representa una merma del 50% de su fuerza laboral.

Las políticas vigentes han perjudicado al sector en su conjunto. El costo país, la conflictividad sindical y el papel sesgado del gobierno a la hora de intervenir en las relaciones laborales han llevado a la pérdida de decenas de miles de empleo, al cierre de muchas empresas (especialmente las más chicas) y a que algunas grandes empresas internacionales hayan dejado de producir en Uruguay para convertirse en importadoras.

Medidas generales

Una parte importante de las medidas que se han vuelto necesarias son de carácter general y, por lo tanto, son tratadas en otras partes de este Programa. Aquí sólo se insiste en la importancia de algunas de ellas para el caso del sector industrial.

ACCIONES A IMPULSAR:

1. Es imprescindible controlar el déficit y el gasto público. Esa es la única solución real para evitar el atraso cambiario y recargar de costos innecesarios a quienes generan empleo y riqueza. La introducción de la regla fiscal es el mejor reaseguro que puede darse el país en este terreno.
2. Hay que modificar la gobernanza de las empresas públicas. El funcionamiento en condiciones de monopolio tiende a generar ineficiencias que son trasladadas al sector privado. Para solucionar este problema es necesario introducir mecanismos de control externo a las propias empresas (típicamente, las unidades reguladoras) y generar condiciones que protejan a los usuarios y al país en su conjunto. También hace falta controlar las decisiones que toman las empresas públicas en materia de inversiones, para evitar desastres como el ocurrido en ANCAP, que terminan castigando al país entero.
3. El funcionamiento de los Consejos de Salarios debe volverse más sensible a las diferencias entre industrias, sectores y empresas. El trato igual a los desiguales genera daños. Peor aún, ese trato beneficia a las grandes empresas (que son las que pueden afrontar los costos de ciertas decisiones) y deja fuera del mercado a las pequeñas. Hay que fortalecer la aplicación de los mecanismos de descuelgue ya previstos en la normativa, y hay que separar entre aquellas decisiones generales que se toman en las negociaciones tripartitas (por ejemplo, definir mínimos) y las que deberían procesarse en ámbitos bipartitos (empresa-funcionarios), teniendo en cuenta las particularidades de cada realidad específica.
4. Se debe ajustar la normativa nacional sobre ocupaciones a las normativas y recomendaciones de la OIT. No solo el país está en una situación de incumplimiento, sino que se están generando desequilibrios inaceptables entre empresas.
5. Se debe realizar una ofensiva negociadora dentro del Mercosur, para obtener condiciones que saquen al país de la asfixia en la que ha funcionado durante los últimos años. Nuestra capacidad de colocar nuestros productos en importantes mercados internacionales se ha visto limitada por la imposibilidad de concretar acuerdos bilaterales (por ejemplo, China) al mismo tiempo que el Mercosur no ha tomado las medidas generales que hubieran permitido un mayor grado de apertura al conjunto de los países del bloque. También hace falta resolver problemas internos, como la doble tributación.
6. Al mismo tiempo que se negocia dentro del Mercosur, se debe avanzar en las negociaciones extrabloque que ya están en curso, explorar nuevas posibilidades y reforzar las capacidades de Cancillería para desarrollar una diplomacia comercial más eficaz y productiva.
7. El desarrollo de infraestructura es otra responsabilidad del Estado que se ha venido cumpliendo de manera insatisfactoria. Las propuestas que se incluyen en la sección dedicada a este tema son especialmente importantes para el sector industrial. Una mejora significativa de la infraestructura se traducirá en una reducción de costos que devolverá competitividad a nuestra producción.
8. Otra responsabilidad esencial del Estado que viene siendo incumplida es la política de seguridad. La inseguridad es una amenaza para toda la población, pero además genera sobrecostos para las empresas y riesgos graves para sus empleados.
9. El sistema educativo cumple una tarea crucial en la formación de recursos humanos que puedan incorporarse a procesos productivos complejos. Sin mano de obra de calidad, hay pocas posibilidades de atraer inversión o generarla localmente. Tampoco hay posibilidades de que los uruguayos mejoren sus niveles de bienestar y cumplan sus sueños. Este desafío se ve agudizado cada día por los avances tecnológicos. Es esencial una reforma educativa que, además de preparar a las nuevas generaciones de uruguayos para tomar decisiones responsables y ejercer ciudadanía, los ponga en condiciones de incorporarse al esfuerzo productivo nacional desempeñando tareas calificadas. Esto no solo involucra a la ANEP sino también a INEFOP.

Medidas específicas

Las medidas de carácter general que se acaban de mencionar son indispensables para lograr un desarrollo sostenible de la actividad industrial. Además hacen falta acciones específicas, como las que se detallan a continuación.

1. Promoción de parques industriales. En una economía pequeña, las sinergias son cruciales para reducir costos y aprovechar oportunidades. Se trata de una de las vías más eficaces para combatir las desventajas de la pequeña escala. Es importante profundizar las políticas que apuntan en esta dirección, incorporando de manera especial a servicios logísticos que sean brindados tanto intra como extra parque.
2. Revisión y fortalecimiento de la Ley de Promoción de Inversiones. Se trata de una buena iniciativa que debe ser profundizada. Nos proponemos rever los objetivos fijados y las restricciones que operan actualmente. Es necesario sofisticar los criterios que se utilizan para otorgar las exoneraciones al IRAE.
3. Nos proponemos seguir avanzando hacia una mayor transparencia en las licitaciones públicas y procesos de concesión. La transparencia beneficia a toda la población, ya que reduce los riesgos de corrupción, pero además da más garantías a las empresas, que frecuentemente incurren en costos importantes para intentar vender al Estado. En este sentido es esencial la centralización de compras, la difusión de procesos y resultados en la web y demás propuestas que se incluyen en el primer capítulo de este Programa.
4. Es necesario un reordenamiento general del funcionamiento del Estado, pero muy en especial de aquellas dependencias que están en contacto con el sector privado. Para quienes intentan producir, es muy frecuente enfrentarse a superposiciones y conflictos entre organismos tales como INAC, LATU, DINAMA, DINARA, MSP y los gobiernos departamentales. Esas ineficiencias generan sobrecostos y demoras. Todo eso afecta la competitividad del sector privado. La digitalización y la informatización dan una oportunidad para simplificar el vínculo de los privados con el Estado, mediante un régimen de portal o ventanilla única. Hay que eliminar superposiciones entre organismos estatales, así como demandas de documentación que ya está en poder de la Administración. Los tiempos del Estado no son los del sector privado. Quien debería ajustarse es el Estado, en beneficio de toda la población.
5. Rediseñar el sistema de certificaciones médicas con el objetivo de volverlo no solo más ágil, sino que brinde mayores garantías a los distintos sectores involucrados.