DEFENSA NACIONAL

Las Fuerzas Armadas son un elemento esencial a la hora de garantizar una convivencia segura.  La voluntad de existir como país independiente y soberano requiere tener cierta capacidad de respuesta ante eventuales amenazas, ya se trate de agresiones provenientes de otros Estados o de la acción de organizaciones armadas como las ligadas al narcotráfico o el terrorismo. También corresponde a la política nacional de defensa asegurar la protección del espacio aéreo y de los recursos naturales de valor estratégico, en especial aquellos de difícil vigilancia como los disponibles en la plataforma submarina, Zona Económica Exclusiva y el mar territorial. Por último, las democracias suelen recurrir a las Fuerzas Armadas ante eventos críticos que exigen una gran capacidad de despliegue logístico, como catástrofes, emergencias sanitarias o situaciones de conmoción interna.

Según lo establecido en la Ley No. 18.650 (Marco de Defensa Nacional), el Estado debe desarrollar una política de defensa en consonancia con la Constitución y las leyes, y según las normas y principios del Derecho Internacional. Esa política deberá respetar los principios de autodeterminación de los pueblos, preservación de la paz, solución pacífica de las controversias y cooperación entre los Estados.

La política de defensa debe articular con otras políticas públicas para favorecer el logro de los objetivos nacionales. Por ejemplo, puede articular con la política exterior para fortalecer el posicionamiento del país en el sistema internacional. La participación en las denominadas  Misiones de Paz de las Naciones Unidas (habitualmente llamadas “cascos azules”) es un ejemplo de este tipo de articulación altamente beneficiosa para el país.

En una democracia, el diseño y ejecución de la política de defensa y de su componente esencial, la política militar de defensa, es tarea del poder civil en diálogo y cooperación con los profesionales militares. La conducción de la política de defensa es una tarea esencialmente política y, por lo tanto, una de las responsabilidades de todo gobierno democráticamente electo. La tarea incluye la definición de los grandes objetivos y orientaciones estratégicas, las decisiones relativas a la cantidad de efectivos y a la compra de equipamiento, la articulación de la política de defensa con otras políticas públicas, el arbitraje entre los intereses y aspiraciones de los diferentes componentes, la definición de las políticas de formación y la asignación de recursos para cumplir los cometidos que les sean encomendados.

Nuestras Fuerzas Armadas se ven hoy enfrentadas a un conjunto de dificultades. Entre ellas figuran las siguientes:

• Existen problemas de reclutamiento y de formación de recursos humanos, debido a limitaciones presupuestales que afectan las remuneraciones y el entrenamiento.
• El personal subalterno está fuertemente afectado por los problemas sociales que afligen a la población de menores ingresos. La capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas (por ejemplo, en materia de sanidad) es limitada. Esta realidad tiene consecuencias altamente visibles en el interior de la República.
• Una parte de los actores políticos y sociales sigue viendo a la defensa como un asunto de los militares, en lugar de verla como una responsabilidad ciudadana.
• Existen vulnerabilidades en materia de defensa militar ante algunas amenazas potenciales que, si bien son poco probables a corto plazo, no pueden ser descartadas en un horizonte temporal más amplio. Entre ellas se incluyen acciones violentas generadas por el narcoterrorismo o el fundamentalismo religioso, ataques biológicos contra la producción agropecuaria, y ciberataques. El país debe contar con planes de contingencia ante estos riesgos, así como con los recursos humanos y materiales para cumplirlos.

Nosotros nos proponemos desarrollar una política de defensa sostenida por un amplio acuerdo multipartidario, que aspire a dejar instaladas algunas líneas de continuidad por encima de la alternancia de partidos en el ejercicio del gobierno. Apuntamos a desarrollar una política realista, que consiga ser eficaz a nivel regional e internacional en el marco de las limitaciones impuestas por la disponibilidad de recursos y la necesidad de atender una variedad de objetivos. También queremos que esa política ofrezca auténticas oportunidades de desarrollo profesional y humano a los uruguayos que opten por la profesión militar. Y queremos por último una política de defensa articulada con otras políticas públicas, de modo que contribuyan a fortalecer la inserción internacional del país, la protección de nuestra población, la preservación de nuestros recursos naturales y el ejercicio de la soberanía sobre la totalidad del territorio, el espacio aéreo, el subsuelo, las vías navegables, el mar territorial, la plataforma submarina y la Zona Económica Exclusiva.

Nuestro propósito general es contar con unas Fuerzas Armadas más profesionales, más eficientes y más tecnificadas, en un marco de asignación de recursos responsable.

ACCIONES A IMPULSAR:

• Actualización normativa

Se complementará la Ley Marco de Defensa Nacional No. 18.650 con otras normas que encuadren el accionar futuro de las Fuerzas Armadas. En particular nos proponemos actualizar o elaborar la Política Militar de Defensa, la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa Nacional y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, así como las leyes orgánicas de cada una de las fuerzas. También se contemplará la posibilidad de redactar una  ley moderna de Movilización y de Reservas, que haga posible la contribución de los ciudadanos para aquellos casos en los que se deba complementar el accionar de las Fuerzas Armadas (por ejemplo, catástrofes naturales). Como condición previa para la elaboración de estas normas, se convocará a un diálogo multipartidario que defina las líneas generales de la Política Nacional de Defensa para un horizonte estimado de 15 años.

• Continuidad de las misiones de paz

La participación uruguaya en las misiones de paz bajo los términos de la Carta de las Naciones Unidas o de otros tratados signados por el Estado, no es solo una oportunidad para que nuestras Fuerzas Armadas acumulen experiencia en operaciones reales, sino también para que el país refuerce su presencia en los organismos internacionales y reafirme su compromiso con los principios rectores del Derecho Internacional. Uruguay es un país más relevante en el mundo gracias a esa participación, que sigue siendo ampliamente reconocida y apreciada. En ese contexto, las dudas más o menos recurrentes sobre la continuidad de esta experiencia sólo contribuyen a generar incertidumbre en los organismos internacionales pertinentes, a afectar los planes de vida de los efectivos militares y a debilitar el posicionamiento internacional del país. Nosotros nos comprometemos a asegurar desde el gobierno la continuidad de estas experiencias.

• Protección integral de la soberanía sobre los recursos naturales

En el contexto de un mundo superpoblado, en donde crece el valor estratégico del acceso a los recursos naturales, la política de defensa debe priorizar la protección efectiva e integral del territorio, que incluye el subsuelo, las reservas de agua potable, el mar territorial y el espacio aéreo. El entrenamiento del personal militar, la adquisición de equipamiento y las tareas de búsqueda y análisis de información deben tener en cuenta esta prioridad. También es necesario fortalecer la capacidad de actuación conjunta de las Fuerzas Armadas en relación con este objetivo, contemplando la interoperabilidad, la centralización de servicios comunes, la estandarización de equipos y la creación de niveles de instrucción y entrenamiento conjuntos.

• La protección del mar territorial

La extensión del área de jurisdicción sobre los fondos marinos hasta las 350 millas de la costa aumentó entre 80.000 y 100.000 kilómetros cuadrados la jurisdicción del Estado. Esto implica un inmenso aumento de las posibilidades de exploración y explotación de recursos naturales. Es prioritario impulsar los estudios científicos que permitan el aprovechamiento sostenible de esos recursos, así como crear las condiciones para su efectiva protección en el marco de la legislación internacional. Esto requiere invertir en el cuidado del ambiente, la salvaguarda de la vida humana en el mar y la protección de las instalaciones off shore que puedan establecerse, así como de sus buques asociados. Aspiramos a destinar a estos fines un porcentaje del canon exigido a las empresas involucradas en la explotación de recursos, en línea con las mejores prácticas internacionales.

• Equipamiento para uso militar

Se desarrollará una planificación de largo plazo para lograr la incorporación de los medios necesarios para el cumplimiento eficiente y eficaz de las misiones encomendadas a las Fuerzas Armadas. Para ello se visualiza la posibilidad de recurrir a acuerdos de Estado a Estado que viabilicen las inversiones necesarias.

• Liceos militares

La formación pre-militar consigue buenos resultados en términos de retención y aprendizaje, a costos más bajos que los de ANEP. Estos logros se obtienen atendiendo a una población que en una proporción importante proviene de sectores de ingresos medio-bajos y bajos. A la luz de esta experiencia, se tomarán medidas para impulsar la creación de nuevos Liceos Militares en el interior del país. También se fomentará la colaboración con la Universidad del Trabajo de Uruguay (UTU) y otras instituciones, para apoyar las actividades de formación de jóvenes.

• Formación de grado y postgrado

Se promoverá una política de alianzas entre diversas instituciones académicas y los institutos militares de formación de grado y postgrado. Se potenciará el Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN) como herramienta para que profesionales de los ámbitos civil y militar se capaciten e interactúen en temas relativos a la defensa. El objetivo es conseguir un mejor aprovechamiento de los recursos y saberes disponibles en la sociedad y en la órbita estatal, a partir de la superación del paradigma que considera a la defensa como un tema exclusivo de los militares.

• Sanidad militar

Se harán esfuerzos en favor del fortalecimiento de la Sanidad Militar, incluyendo el desarrollo de medicina altamente especializada y las actividades profesionales conjuntas con otras áreas de Salud Pública.

• Emergencias, Búsqueda y Rescate

Se fortalecerá el Sistema Nacional de Emergencias mediante acciones tales como la sensibilización de la población, la instrucción conjunta entre las distintas instituciones vinculadas a la atención de emergencias, la previsión de recursos potencialmente necesarios y la formulación de planes de contingencia. Se fortalecerá el Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate, con el fin de ponerlo en mejores condiciones de cumplir con las exigencias y obligaciones que el Estado asume ante organismos internacionales.

• Vivienda militar

Se fomentará el acceso a la vivienda digna por parte del personal subalterno, promoviendo su incorporación a los planes generales que se desarrollarán en este terreno.

• Presencia en la Antártida

Se continuará ampliando la plataforma logística en el continente antártico y colaborando con las iniciativas nacionales relacionadas con el Tratado Antártico destinadas a fortalecer la presencia de  Uruguay en la región, respondiendo a los lineamientos dispuestos por la política nacional antártica que dictará el Poder Ejecutivo.