NUEVO MODELO DE RELACIONES LABORALES

Nuestro país tiene una rica tradición de gestión de las relaciones laborales, en cuyo centro están los Consejos de Salarios. Nosotros nos identificamos con esa tradición y estamos comprometidos con su continuidad. Los Consejos de Salarios seguirán siendo el ámbito clave y contarán con todo nuestro respaldo. Lo mismo vale para otras formas de diálogo social, como las relativas a la seguridad social y a las políticas de empleo.

La primera condición para sostener esta tradición y esta institucionalidad a lo largo del tiempo es asegurar su legitimidad a ojos de todos los involucrados. Eso requiere un funcionamiento razonable y equilibrado. Cuando alguna de las partes siente que no es escuchada, o se considera perjudicada en forma sistemática, la legitimidad del sistema termina por resentirse. Allí reside la primera responsabilidad del gobierno, sea del partido que sea. El gobierno debe ser capaz de generar confianza y reciprocidad entre trabajadores y empleadores.

En los últimos años se han acumulado episodios que ponen en cuestión este equilibrio y que, en consecuencia, erosionan la legitimidad del sistema.

Un primer ejemplo es lo ocurrido a propósito de la ley de negociación colectiva del sector privado (Ley N°18.566). El sector empleador interpuso una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, cuestionando varios aspectos de esa norma. Junto con la queja, se solicitó a la OIT asistencia técnica para consensuar las modificaciones pertinentes. En respuesta a la solicitud, nuestro país recibió un informe técnico donde se reconocía el problema y se hacían recomendaciones y observaciones en línea con las orientaciones generales de la OIT. Recientemente, la Comisión de Aplicación de Normas, instó al Gobierno a iniciar medidas legislativas, previa consulta con las organizaciones más representativas de trabajadores y empleadores.

Un segundo ejemplo es la conducta seguida por el gobierno en relación a las ocupaciones de los lugares de trabajo. El Decreto 165/006 ha permitido que se vulneren libertades y derechos protegidos por nuestra Constitución: libertad de trabajo, de empresa, de circulación, e igualdad ante la ley. Sin embargo, el gobierno ha preferido mantenerlo vigente.

Nosotros entendemos que esta línea de acción no ayuda al desarrollo de un sistema de relaciones laborales que debe ser colaborativo. El gobierno debe respetar las normas constitucionales y legales. También debe evitar que se instale una cultura que coloca al conflicto como primera reacción ante cualquier diferencia, sin evaluar el impacto sobre la marcha de la economía y sobre el clima de convivencia. La regla debe ser la cooperación y la excepción el conflicto.

Nuestro compromiso es desarrollar un sistema de relaciones laborales que atienda a los legítimos intereses de todas las partes, y que favorezca la negociación y la búsqueda de acuerdos como alternativa a la cultura del conflicto. El gobierno debe garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y de los empleadores consagrados en la Constitución de la República, los convenios internacionales ratificados por Uruguay y nuestra propia legislación interna. Asimismo, debe mantener una razonable equidistancia entre los actores sociales y promover acciones claras y estables. El gobierno debe contribuir a aumentar la confianza entre las partes y promover una cooperación generadora de oportunidades para todos. El reto consiste en optimizar un sistema legal de relaciones laborales que permita facilitar el dialogo y dinamizar la negociación colectiva.

Paralelamente, el mundo de trabajo viene experimentando cambios sustanciales. La revolución tecnológica, la inteligencia artificial y la automatización inciden e incidirán de manera transformadora en el ámbito laboral. Hay trabajos que desaparecen, otros que se crean y otros todavía que requieren nuevos conocimientos y nuevas capacidades. No solo se afectan puestos de trabajo, sino la forma en que el trabajo se organiza. Por ejemplo, las tareas en plataformas digitales no se desarrollan bajo la forma tradicional de empleo en relación de dependencia, ni en lo que típicamente conocemos como un lugar trabajo. Aparecen nuevas formas de empleo que debemos atender y que también impactan en nuestro sistema de seguridad social.

Los expertos señalan que las tareas de baja calificación serán las más expuestas a la automatización, a diferencia de los trabajos que requieren capacitación profesional o educación terciaria. También perciben la posibilidad de que el trabajo asalariado tradicional pierda predominancia en relación al trabajo autónomo (teletrabajo, free-lance). Hace tiempo que nuestro país debería contar con un marco regulatorio para el teletrabajo que ofrezca certeza jurídica a todas las partes. Varios países han avanzado en este tema y es posible aprender de sus experiencias.

Todos estos cambios requieren respuestas del sistema educativo, de la formación profesional, de la legislación laboral y del diseño de políticas públicas de protección. Tenemos el desafío de entender las nuevas realidades y encontrar las respuestas adecuadas para ellas. Estas respuestas, sumadas a nuestro interés de que la política laboral  tenga un rol central al momento de definir las estrategias de desarrollo del país, nos permitirá enfrentar los desafíos actuales en mejores condiciones. La capacidad de dialogo social, el respeto de los derechos fundamentales, un entorno jurídico que otorgue seguridades, la ausencia de discriminación, la igualdad de oportunidades, un sistema educativo capaz de potenciar el talento humano a lo largo de toda la vida, una política macroeconómica estable, y una adecuada infraestructura material y tecnológica, son pilares necesarios para alcanzar mayores niveles de empleo de calidad.

ACCIONES A IMPULSAR

1. Promoveremos ante el Consejo Superior Tripartito la creación de un Consejo Técnico de carácter permanente, cuyos integrantes sean propuestos por el Poder Ejecutivo, el PIT-CNT y las Cámaras Empresariales. Este Consejo tendrá por objetivo suministrar estudios técnicos, indicadores y análisis de los datos macro y microeconómicos relevantes a los efectos de la negociación colectiva, de manera de realizar los ajustes pertinentes de los lineamientos generales de la negociación a la realidad sectorial.
2. A partir de los análisis y recomendaciones del Consejo Técnico, se promoverán cambios que permitan mejorar y fortalecer el funcionamiento de los Consejos de Salarios. En particular, se deberá avanzar en el reconocimiento de los siguientes temas: diferentes grados de competitividad de los mercados de bienes y servicios; heterogeneidad de las empresas que integran cada sector; diversidad territorial; incorporación de nueva tecnología; formación profesional y niveles de productividad.
3. Impulsaremos la creación de procedimientos dotados de todas las garantías y requisitos aplicables, para acceder al mecanismo de descuelgue conforme a la normativa de negociación colectiva vigente.
4. La defensa del poder de compra de los trabajadores es un objetivo irrenunciable. Para que la política salarial sea sostenible y el salario real crezca a lo largo del tiempo, es necesario poner énfasis en mejorar los niveles de productividad.  Nos proponemos impulsar una política que tenga este objetivo, enfocándolo de una manera global y sistémica. Será necesario, entre otras cosas, promover la inversión en tecnología, mejorar los niveles de calificación de los trabajadores, incorporar nuevas opciones en el sistema educativo (como la formación dual) y perfeccionar el régimen de promoción de inversiones. También deberán darse pasos para incorporar el factor productividad en la negociación colectiva.
5. Nuestro país debe superar las observaciones efectuadas por la OIT a la ley de negociación colectiva. Es hora de que una ley clave del sistema de relaciones laborales cumpla con las normas internacionales y sea legitimada por los actores sociales y el conjunto del sistema político.
6. Con el fin de asegurar el respeto del conjunto de derechos fundamentales reconocidos y protegidos por nuestra Constitución, derogaremos del Decreto 165/006.
7. Promoveremos un procedimiento general que otorgue certeza y seguridad jurídica en materia de prevención y solución de conflictos, de modo tal que permita canalizarlos asegurando un marco de paz social.
8. Como respuesta a los cambios que la tecnología está generando en el mundo del trabajo, promoveremos un debate sobre las nuevas modalidades en las que se presta y sobre la nueva organización de sus tiempos, velando por encontrar un marco que se adapte a las condiciones del presente. El objetivo es facilitar la generación de empleos, acompañar los avances tecnológicos y hacer que nuestras empresas eleven el nivel de productividad y sean más competitivas, al tiempo que se preservan los derechos y garantías de los trabajadores. La negociación colectiva es un instrumento formidable de auto regulación para adaptar, enriquecer, modernizar y actualizar la normativa laboral a las nuevas realidades. Por eso nos proponemos formalizar un ámbito tripartito que, con el apoyo del mundo académico, tenga por objeto analizar nuestro marco regulatorio para enfrentar las nuevas realidades laborales. Si no lo discutimos entre todos, los cambios terminarán por imponerse y no necesariamente de la mejor manera.
9. Como respuesta a las nuevas condiciones y nuevos hábitos en el mundo del trabajo, promoveremos la licencia fragmentada en función de la voluntad del trabajador. La reglamentación actual relativa a licencia anual sólo permite que sea fraccionada en dos períodos, impidiendo que  se utilice ante eventualidades que requieren que el trabajador se ausente de su trabajo o incluso cuando quiere tomarse descansos cortos. La vida actual determina que muchas veces los trabajadores guarden días de licencia para eventualidades que no pueden ser valoradas al momento de decidir el descanso anual, o en respuesta a sus cambios de hábitos. Por eso proponemos que la licencia anual pueda fraccionarse en un período más largo y otros más cortos, adaptando así el régimen laboral a los tiempos que corren.
10. La normativa actual sobre salud y seguridad en el trabajo se encuentra fragmentada y necesita ser sistematizada. Al mismo tiempo, las nuevas formas de organización del trabajo presentan nuevos desafíos y complejidades. Ante esta realidad, nos proponemos elaborar y aprobar, con los apoyos más amplios posibles, una nueva Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que se adapte a los nuevos desafíos. La norma deberá contemplar los derechos de los asalariados y de los trabajadores independientes o por cuenta propia. La negociación colectiva es un instrumento idóneo para acordar particularidades sectoriales que deben ser articuladas con acuerdos en el ámbito de la empresa.
11. En forma complementaria al diseño y aprobación de la ley, nos proponemos generar estímulos para la incorporación de nuevos instrumentos como los Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SST), sobre los que existe amplia experiencia internacional. Es necesario generar una verdadera cultura de prevención que no sólo opere en el mundo laboral sino que empiece a fomentarse en el sistema educativo.
12. Aprobación de una Ley de Acoso Moral en los lugares de trabajo, que determine claramente obligaciones, proteja a los trabajadores y ofrezca seguridad y certeza jurídica a todas las partes.
13. Creación de un Sistema Nacional de Formación Profesional Continua, que asegure permanentes oportunidades de mejora a los trabajadores, al tiempo que favorezca la innovación y la productividad. Más allá de los esfuerzos realizados hasta ahora, las políticas y programas de capacitación, educación técnica y formación no han logrado conformar un sistema que asegure la formación continua de los trabajadores con independencia de su situación laboral (ingresante, empleado, en transición, desempleado). Según el Plan estratégico del INEFOP 2016-2019, solo el 14,8 % de la población trabajadora recibió capacitación en los últimos 5 años. Hay una institucionalidad dispersa (INEFOP, UTU/CETP, UTEC, MTSS, MEC, etc.) y no existen mediciones de impacto ni estándares de competencias. Ante esta realidad, se propone crear un Sistema Nacional de Formación Profesional a ser financiado a través del Fondo de Reconversión Laboral, y otros aportes públicos y privados. El sistema estará dotado de capacidad rectora y autonomía de gestión, y será conducido por un cuerpo representativo de la matriz productiva nacional. La formación profesional estará orientada al ejercicio del derecho al trabajo y a garantizar el aprendizaje a lo largo de toda la vida. La tarea específica del Sistema consistirá desarrollar políticas y mecanismos que garanticen la calidad de la formación, la acreditación y la certificación externa de saberes y acciones formativas, teniendo como eje la trayectoria personal de cada trabajador.
14. Impulso a la formación dual, entendida como una modalidad educativa que alterna el aprendizaje teórico en un centro de educación formal con la práctica en un lugar de trabajo, de modo tal que el tiempo pasado en el ámbito laboral cuenta como tiempo de aula. La formación está basada en estándares previamente acordados entre empresarios, trabajadores y docentes. Esta experiencia está ampliamente validada a nivel internacional y constituye una alternativa atractiva para los jóvenes que aspiran a una rápida inserción en el mundo del trabajo, al tiempo que genera beneficios para las empresas en términos de calificación de recursos humanos y productividad. En Uruguay se han dado los primeros pasos, pero su desarrollo es apenas incipiente.
15. Diseño de una política de estímulo al empleo juvenil. Los jóvenes son un grupo particularmente golpeado por el desempleo. Para los menores de 25 años, el desempleo promedio del último año fue del 25,5%. mientras que para los mayores de 25 la tasa es del 5,2%. En el caso de las mujeres jóvenes, el desempleo llegaba al 30,6% a setiembre de 2018. Esto prueba que las dos leyes de Empleo Juvenil y sus modificaciones no tuvieron mayor impacto. Es necesario que aprendamos de este tropiezo. Nuestra propuesta es crear un grupo de trabajo multipartidario al que se le asignen tres tareas. La primera es realizar una evaluación del impacto logrado por las normas aprobadas en estos años, así como de la institucionalidad que en principio debe dar respuestas al problema del desempleo juvenil. La segunda es realizar un análisis del conjunto de opciones que ofrece la experiencia regional e internacional (contratos de formación, formación dual, fomento de emprendimientos jóvenes, programas de capacitación laboral, subsidios al primer empleo, etc.). La tercera es elaborar un proyecto de ley que complemente y profundice las medidas adoptadas hasta el presente, al tiempo que modifique la institucionalidad encargada de administrar los estímulos (creación de una “ventanilla única” desde la que acceder a todos los programas existentes).
16. Creación de un observatorio sobre tecnología y empleo integrado con los actores sociales que permita:¡

• identificar y evaluar el impacto del cambio tecnológico en la producción y en el empleo, a partir de metodologías adecuadas;
• diseñar programas específicos de reconversión para colectivos afectados o amenazados potencialmente por el impacto sistemático de la tecnología;
• recomendar las acciones administrativas y legislativas que se consideren oportunas.

  17. Cooperativismo. Nuestro país tiene un rica trayectoria en las diferentes modalidades cooperativas, que constituyen una alternativa válida de desarrollo económico e inclusión social. Con el apoyo de todo el sistema político se aprobó la ley Nº 18.407, que puso fin a una legislación fragmentada en la materia y creó el INACOOP como persona jurídica de derecho público no estatal, cuyo directorio tiene una integración mixta de miembros provenientes del PE y del movimiento cooperativo. En esta nueva etapa nos proponemos:

• continuar promoviendo una mayor compresión pública del sistema cooperativo;
• impulsar estrategias que faciliten el desarrollo de cooperativas, poniendo especial atención en áreas no tradicionales de la actividad económica;
• Impulsar propuestas que tengan como fin promover procesos de intercooperación;
• promover programas de formación en gestión cooperativa.