EVOLUCIONAR HACIA UN ESTADO EFICIENTE

Controlar el gasto es parte de lo que hay que hacer para tener un Estado más eficiente, pero además hay que ingresar en lo organizacional. Hay que modificar políticas, rediseñar soluciones institucionales e introducir prácticas hasta ahora inexistentes. El Estado uruguayo es una máquina que está funcionando mal. Para que consuma menos combustible (es decir, menos recursos aportados por los uruguayos) es necesario hacerle arreglos.

ACCIONES A IMPULSAR

Política de recursos humanos

• Concentración en un único órgano de las tareas de selección, ingreso, inducción y redistribución de funcionarios 

Mediante una adecuada planificación de las necesidades de recursos humanos del Estado, se procederá anualmente, y bajo solicitud motivada de los jerarcas de cada inciso, a la selección, ingreso, e inducción de personal para cubrir aquellos puestos que resulten imprescindibles para el cumplimiento de metas y objetivos. El propósito es reducir la disparidad de criterios en las vías de entrada al empleo público, así como los riesgos de clientelismo y politización. Debe cumplirse el principio de que el ciudadano más calificado sea el que desempeñe la función. Como establece la Constitución de la República “El funcionario está para la función y no la función para el funcionario”. También debe asegurarse centralmente el cumplimiento de las cuotas para grupos específicos.

La Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) será la entidad única encargada de dicha tarea, en régimen de coordinación permanente con la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas. En un plazo máximo de 90 días a partir del 1° de marzo de 2020, la ONSC pondrá en funcionamiento un sistema que incorporará y mantendrá actualizada la información de todos los funcionarios públicos del Estado, conforme a un único modelo de datos que permitirá conocer sus competencias, el perfil requerido para el cargo efectivamente desempeñado y en qué forma contribuye su tarea al logro de las metas y objetivos de la unidad ejecutora en la que revistan. En el caso de los profesionales universitarios, uno de los datos a recabar será una copia de título que acredite la profesión declarada, corresponda o no al cargo desempeñado.

Una vez realizado ese mapa, cada organismo deberá justificar sus necesidades suplementarias de personal. Sólo se procederá a efectuar nuevos llamados en aquellos casos en que no haya personal disponible en la “Plantilla de Redistribución de la ONSC”. A su vez, se auditará la “carga laboral” de cada puesto de trabajo y de cada oficina, de forma de detectar en cuáles sectores de la Administración hay más funcionarios de los que se precisan y, como consecuencia, redistribuirlos en aquellas unidades donde hagan falta.

• Ventanilla única de ingreso

Hoy sólo existe una plataforma informática denominada Uruguay Concursa, que publicita algunos llamados, fundamentalmente de la Administración Central. Frente a esta solución insuficiente, nos proponemos crear una verdadera ventanilla única que pueda procesar todos los llamados para la selección de recursos humanos del Estado (Administración Central, entes autónomos y servicios descentralizados). En el ámbito de los gobiernos departamentales, y respetando su autonomía, se propiciará la celebración de acuerdos o convenios a efectos de que éstos puedan hacer uso del nuevo sistema. Se atribuirán mayores poderes jurídicos a la Oficina Nacional de Servicio Civil.

• Centralización del sistema de concursos de ingreso

En los casos en que sea necesario llenar vacantes o realizar incorporaciones, la gestión de los concursos quedará centralizada en la Oficina Nacional de Servicio Civil, la que será dotada de personal idóneo y nuevos procedimientos de gestión. El régimen del sorteo como instrumento de selección será excepcional. Se instalará un procedimiento en tres pasos que incluirá una prueba de conocimientos eliminatoria, la evaluación a ciegas (sin conocer la identidad del postulante) de la “Declaración Jurada de Méritos” y una instancia de control posterior, durante la cual los tribunales podrán solicitar a los postulantes la documentación que acredite lo declarado bajo juramento.

Los resultados del proceso de selección (que, según la naturaleza de los cargos, puede incluir otras instancias, como una entrevista o test psicotécnico) tendrán una vigencia de dos años. Eso reduce la necesidad de volver a organizar llamados para las mismas funciones.

Los cargos de alta dirección de las unidades ejecutoras serán provistos por concurso abierto, con las mismas formalidades establecidas para el ingreso de funcionarios al Estado, con excepción de los cargos políticos y de particular confianza. En los procesos de designación de adscriptos o asesores a autoridades nacionales, regirá el principio de idoneidad. En todos esos casos se deberá publicar el currículum del designado, junto con la resolución de nombramiento.

Se eliminarán aquellos cargos de confianza que no puedan ser justificados como imprescindibles para el Inciso que corresponda. También se reducirá el número de adscriptos.

• Uniformización del sistema de concursos para ascensos

Los concursos para ascensos serán precedidos de cursos preparatorios obligatorios dirigidos por la Oficina Nacional de Servicio Civil. La nota de aprobación integrará los méritos a evaluar. De este modo, los concursos pasarán a convertirse en un instrumento al servicio de la profesionalización y mejoramiento de la función pública.

• Reorganización de la carrera administrativa

Se simplificará la estructura funcional y jerárquica, reduciendo la cantidad de escalafones, cargos y tipos de vinculación laboral, y unificando denominaciones. Se aplicará una política de reducción paulatina de las diferencias salariales que hoy existen entre cargos similares ubicados en organismos diferentes. Se profundizará en la implementación de una carrera administrativa que no sólo ofrezca posibilidades de movilidad “vertical”, sino también “horizontal”. Para eso debe implementarse la posibilidad de concursar por cargos que quedan vacantes fuera del inciso u órgano al que pertenece el funcionario. Por ejemplo, un funcionario que cumpla funciones de contador en el Ministerio de Turismo podrá concursar por un cargo de perfil similar en el Banco Central o en el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta reforma, que requiere ley, ampliaría las oportunidades de ascenso de los funcionarios y operaría como un estímulo a la superación. Nos proponemos disminuir los cargos de confianza y mejorar lo ya previsto en la ley reguladora del estatuto del funcionario de la Administración Central.

• Reconocimiento justo de la productividad

La remuneración de los empleados públicos pasará a incluir dos componentes: un sueldo básico que debe ser igual para cada nivel en la escala jerárquica, independientemente de dónde se desempeñen funciones, y un adicional vinculado a la productividad individual y grupal en el cumplimiento de metas y objetivos. En la actualidad, la mayoría de los funcionarios públicos cobran un plus por productividad, pero ésta no refleja el cumplimiento de metas y objetivos. En casi todos los organismos, todos los funcionarios cobran una partida semejante, sin contraprestaciones claras. La creación de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas permitirá generar avances en este sentido. Al introducir indicadores de productividad individual y grupal, no sólo se estará reconociendo la labor de cada funcionario, sino también promoviendo la cooperación y el trabajo en equipo.

• Transparentar las remuneraciones

Queremos una política de remuneraciones que promueva el compromiso del funcionario en su carácter de servidor público y trate de manera diferente situaciones y compromisos personales diferentes. Para eso es necesario tener información detallada de todas las partidas que percibe efectivamente cada funcionario, cualquiera sea su naturaleza. Con el apoyo de AGESIC, se creará una base de información con todas las remuneraciones y transferencias en dinero o en especie que perciban los funcionarios del Estado.

• Humanización de la función pública

Los últimos años han sido un período de deterioro del clima de convivencia y de pérdida de estímulos para el buen desempeño de la función pública. La politización de la gestión, el desorden funcional y la falta de reconocimiento hacia la especificidad de la tarea tuvieron efectos negativos. Para revertir ese proceso son necesarios dos tipos de acciones. En primer lugar, es necesario proporcionar a todos los funcionarios las comodidades locativas, los materiales de trabajo y la capacitación requerida para el desempeño de su función. El deterioro del entorno físico y la falta de orientaciones adecuadas atentan contra el bienestar y la motivación. En segundo lugar, es imprescindible tomar medidas para prevenir la persecución ideológica y diferentes formas de acoso laboral.

• Fortalecimiento de la ENAP

La Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP, dependiente de la Oficina Nacional de Servicio Civil) será mejorada y modernizada, adecuándola a las necesidades diferenciales de la Administración Pública para una mejor prestación y dignificación del rol de los funcionarios. Se estimulará la capacitación continua y se hará uso de la tecnología para ofrecer oportunidades de formación a distancia. Estas modalidades con fuerte apoyo tecnológico funcionan en forma asincrónica (es decir, no todos los que se capacitan lo hacen al mismo tiempo) lo que permite que el funcionario aproveche eventuales tiempos muertos en su lugar de trabajo, o lo haga desde su domicilio. La capacitación a distancia reduce costos operativos, en cuanto a cantidad de docentes, espacios y materiales educativos.

Reorganización funcional

• Desburocratización: eliminación de entidades con competencias superpuestas

La duplicación de funciones y cometidos es un problema tradicional de la estructura estatal. Este problema se ha agravado en los últimos años, con la creación de una importante cantidad de secretarías nacionales que funcionan dentro de Presidencia de la República. Además de profundizar la tradicional duplicación de funciones, estas unidades generaron un importante concentración de poder no sometido a exigencias de transparencia ni a rendición de cuentas. Con el propósito de racionalizar la estructura estatal y de reducir el gasto público superfluo, durante los primeros 90 días de gobierno se realizará un mapa de superposiciones de funciones y cometidos, con la participación de altos jerarcas de la Administración Central y en coordinación con los gobiernos departamentales. A continuación se elaborará un plan de supresión de unidades y de reorganización de las que seguirán existiendo.

Paralelamente, la AGESIC deberá coordinar con la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, en consulta con altos jerarcas de la Administración, un plan de supresión de trámites innecesarios, asociado al proceso de digitalización ya en curso. A dichos efectos, y de ser necesario, se convocará a una licitación pública para diseñar e implementar el sistema en el menor plazo posible.

• Certificación de calidad

En el marco de una mayor eficiencia en la organización y funcionamiento del Estado, se apuntará a introducir procesos de certificación de calidad en toda la Administración Pública. La certificación de calidad tiene por objeto optimizar la gestión y generar una cultura de calidad entre los funcionarios. La mejora de la calidad debe incluir de manera muy especial la calidad del trato al usuario.

• Fortalecimiento y mejora del sistema de compras públicas

Durante los gobiernos del Frente Amplio, el sistema de compras públicas del Estado sufrió un notorio retroceso. No existe un sistema uniforme que maximice la eficiencia de las compras, y los procedimientos de contratación están frecuentemente afectados por la falta de transparencia, así como por problemas vinculados a la idoneidad de los integrantes de las comisiones asesoras técnicas. A esto se agrega un marco institucional disperso. Existe una Unidad Centralizada de Adquisiciones (UCA) dependiente del Ministerio de Economía, una Agencia de Compras y Contrataciones Estatales (ACCE) dependiente de la Presidencia de la República y una diversidad de entidades que contratan sus adquisiciones en forma independiente. Las principales  disfuncionalidades que se detectan son las siguientes:

• Existe una inadecuada planificación de las demandas de bienes y servicios a contratar, entre otras razones por falta de información histórica y estandarizada de adjudicaciones y consumos. Como consecuencia, el Estado compra bienes o servicios que en muchos casos no sirven, o los procesos se interrumpen antes de la finalización del procedimiento para evitar este resultado (aunque la necesidad original siga existiendo). Todo esto genera desconcierto e incertidumbre en los oferentes, y a la larga termina elevando los precios.
• No existe una definición única de los objetos de compra ni de las condiciones técnicas asociadas.
• Las habilitaciones de empresas y los registros de los productos no siempre se realizan conforme a la normativa vigente (un caso típico es el sector medicamentos). Como consecuencia, no se garantiza el tratamiento igualitario entre los oferentes y se abre la puerta a que se ejerzan presiones sobre las condiciones de los llamados.
• Los procedimientos de compra no están estandarizados. Los sistemas informáticos que les sirven de apoyo son parciales y carecen de transversalidad.  Todo esto atenta contra la calidad de las decisiones.
• Faltan protocolos de actuación, fundamentalmente para las Comisiones Asesoras Técnicas o Comisiones Asesoras de Adjudicaciones. Estos órganos deben definir los objetos de compra, evaluar y calificar las ofertas, y sugerir al jerarca las correspondientes adjudicaciones. A su vez, participan en el proceso de estudio de observaciones realizadas por los proveedores, prestando asesoramiento respecto de los recursos administrativos que pudieran plantearse en el procedimiento de contratación. Pese a lo delicado de su tarea, no existen criterios generales que orienten a quienes asumen esas responsabilidades.
• La información sobre compras, en unidades físicas y monetarias, es fragmentaria y desorganizada. Resulta difícil construir una visión de conjunto. Lo mismo pasa en relación a las necesidades.
• No hay una adecuada capacitación del personal que tiene a cargo la realización de los procedimientos de compras o adquisiciones. La función no está profesionalizada. Este problema impacta especialmente a las Comisiones Asesoras de Adjudicaciones. Es imprescindible crear un ámbito técnico para fortalecer y legitimar dichos órganos.
• Hay carencia de controles eficientes. Esto ocurre tanto en relación a los procedimientos de adquisición como a las fases de recepción y control de calidad de los bienes y/o servicios contratados. Por ejemplo, no hay buenos controles de entrega, no se prevén procedimientos de muestreo y ensayo contra las muestras del producto ofertado, la gestión de stocks no contempla criterios de obsolescencia y no se realiza análisis estadístico de la demanda, lo que determina, por ejemplo, que se compre en situaciones de imperiosa necesidad con mayores costos, o que se termine vendiendo como material en desuso bienes que costaron caro.
• La Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) no cumple con sus principales cometidos, reduciéndose a ser una entidad que administra una plataforma informática de publicidad y de administración del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). La ACCE no tiene una debida coordinación con las entidades estatales que adquieren productos y servicios, y menos aún con la Unidad Centralizada de Adquisiciones (UCA). Sus tareas son básicamente de asesoramiento y planificación.
• En materia de procedimientos de contratación administrativa, se han incrementado sustancialmente las excepciones a los métodos competitivos regulados en el TOCAF. La contratación directa, y su consecuente falta de transparencia, ha pasado de ser la excepción a ser la regla.

Para cambiar esta realidad hace falta impulsar un conjunto de medidas. Algunas de las que nos comprometemos a concretar son las siguientes:

• Existirá una única Agencia de Compras Públicas, que surgirá de la fusión de la Unidad Centralizada de Adquisiciones (UCA) y la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) bajo nuevas pautas regulatorias.
• La Agencia se encargará de la revisión y adecuación de los aspectos normativos de la contratación pública, análisis y seguimiento continuo de las condiciones técnicas que deben contener los Pliegos de Condiciones, así como del control de los criterios de evaluación que vayan a aplicarse a las ofertas de los proveedores.
• Se establecerán procedimientos que especifiquen los bienes o servicios a adquirir, homogeneizando los productos. El catálogo de productos debe ser revisado y reelaborado por personal técnico idóneo según cada sector, y debe fundarse en datos objetivos y contrastables. Se aplicará el criterio de definición única de especificación.
• Los procesos de contratación se realizarán mediante comisiones asesoras de adjudicación idóneas y libres de conflictos de interés.
• Se generarán protocolos de control para todas las fases de ejecución de los contratos, con especial énfasis en el contralor de la etapa de entrega y recepción.
• Se avanzará hacia un sistema de “compras por adhesión”. Para los diferentes organismos será obligatorio contratar por la Agencia de Compras, con la excepción de los gobiernos departamentales.
• Se eliminarán del TOCAF todas aquellas causales de excepción a los procedimientos competitivos de contratación que no se justifiquen, y se fijarán criterios explícitos para considerar aceptable una justificación. El principio debe ser la licitación pública u otro procedimiento competitivo. La contratación directa por vía de excepción debe ser debidamente fundamentada.
• Se evaluará en forma permanente el contenido del RUPE, y se implementarán mecanismos eficientes para asegurar que ninguna empresa inhabilitada contrate con el Estado. Se hará un uso intensivo de las TIC como herramienta de coordinación y supervisión, con el fin de construir un sistema único de calificación positiva y negativa de proveedores.
• Se exigirá la elaboración y presentación de un Plan Anual de Compras por parte de cada entidad estatal, a los efectos de que se proyecten con la mayor exactitud las necesidades de suministros, tanto en tipo de producto como en cantidad.
• Se establecerán precios máximos de referencia, por encima de los cuales ninguna entidad pública podrá comprar.
• Se invitará a todos los partidos con representación parlamentaria a integrar equipos de seguimiento de los procesos licitatorios, desde la elaboración de los pliegos hasta la apertura, adjudicación y ejecución. El propósito es asegurar transparencia y rendición de cuentas en tiempo real.

Todo lo anterior será ejecutado bajo el control de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas. Las reformas legislativas que correspondan se realizarán a través de los proyectos de ley de urgente consideración y de presupuesto quinquenal, en lo que corresponda.

• Simplificación de trámites y gestiones mediante cruzamiento de datos

Las nuevas tecnologías permiten centralizar la información y hacerla accesible a distintos servicios. Por ejemplo, es posible reunir todos los datos correspondientes a una persona que sean relevantes para la realización de trámites ante el Estado, y por esa vía eliminar la exigencia de volver a aportar documentación probatoria. Los anuncios que se hicieron en esta materia apenas han generado avances en esta dirección. Para lograrlo en plazos razonablemente breves, nos proponemos fortalecer a la AGESIC. Hace falta ajustar sus metas y objetivos, rever sus procesos y reorganizar su funcionamiento. También hay que profundizar la coordinación con los órganos que generan más trámites a ser cumplidos por los ciudadanos. Se extremarán los cuidados de la privacidad en estricto cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales y de Acceso a la Información Pública, así como toda otra norma aplicable. Los datos de las personas solo se pueden utilizar para los fines para los que fueron recogidos, en conocimiento y con consentimiento de los interesados.

• La calidad de la atención al público como prioridad

Es necesario avanzar hacia una concepción centrada en el cliente, que ponga la tecnología y la capacidad burocrática del Estado al servicio de una mejor experiencia en el cumplimiento de trámites y gestiones ante la administración pública. Tal como se anunció y apenas se hizo, los ciudadanos deben poder realizar gestiones y trámites desde su hogar, desde equipos móviles o desde centros públicos que estarán especialmente equipados en términos de accesibilidad (para lo que se los dotará de tecnología asistiva). Para eso es esencial trabajar en conectividad de calidad para todos, y en que todas las personas desarrollen sus habilidades digitales.

Se incorporará inteligencia artificial y buscadores cognitivos, para que sea el Estado quien comprenda las necesidades del usuario al momento de una consulta o un trámite, evitando que el ciudadano deba sortear la complejidad de un portal o una aplicación móvil que no le es familiar y que posee muchas opciones que no le son de utilidad. Será la administración pública la que se responsabilizará de facilitar todas las herramientas para que el ciudadano pueda concretar la consulta, gestión, trámite o reclamo, sin imponerle que supla carencias ajenas.

• Silencio Positivo de la Administración

En todos los casos que no requieran reforma constitucional, avanzaremos de manera escalonada, prudente y responsable, hacia la instalación del “silencio positivo” a favor del ciudadano (“confirmatoria ficta” en vez de “denegatoria ficta” como existe hoy). El silencio negativo o las denegatorias fictas colocan a los ciudadanos en una posición de inferioridad frente al Estado. La instalación progresiva del “silencio positivo” en los procedimientos administrativos (teniendo en cuenta las complejidades de cada sector y tomando todas las medidas precautorias que correspondan) contribuirá a poner al ciudadano en el centro de atención. La negligencia, culpa o dolo del funcionario que dejó vencer los plazos será evaluada mediante investigaciones administrativas y/o sumarios. Si se producen daños o perjuicios para el Estado, esté podrá resarcirse repitiendo contra los responsables.

Transparencia y rendición de cuentas

• Fortalecimiento del Tribunal de Cuentas 

Los últimos gobiernos se han acostumbrado a ignorar las observaciones del Tribunal de Cuentas, como si se tratara de un órgano de poca relevancia. Esta actitud es posible porque existe un problema de diseño institucional: las observaciones del órgano no tienen efectos inhibitorios. El Tribunal se limita a informar al Poder Legislativo o a las Juntas Departamentales, pero una mayoría política puede decidir ignorarlas. Nuestro propósito es revertir esta situación.

El primer paso será dar mayor publicidad a las resoluciones del Tribunal, de manera que los ciudadanos puedan formarse su propia opinión sobre el desempeño de los diferentes jerarcas del Estado. El segundo paso consistirá en el seguimiento de cada observación por parte de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas. Como tercer paso, y respecto de las empresas públicas, el Poder Ejecutivo podrá hacer uso de las facultades concedidas por el artículo 197 de la Constitución para efectuar observaciones, exigir rectificaciones o suspender actos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 198 de la Constitución, en lo pertinente.

Asimismo se impulsarán iniciativas legislativas tendientes a reforzar los efectos de aquellas resoluciones que lo ameriten por su trascendencia. En particular, se procurará reglamentar por ley el artículo 211 literal B), inciso Segundo de la Constitución, en lo que atañe a los efectos de las observaciones de grado superior realizadas por el Tribunal de Cuentas.

• Fortalecimiento de la Justicia Administrativa 

El país necesita fortalecer su sistema de justicia administrativa. Si bien el marco jurídico prevé la existencia de un régimen de recursos administrativos contra los actos jurídicos dictados por la Administración que pueden lesionar derechos subjetivos o intereses directos, personales y legítimos, eso ya no es suficiente. Tampoco lo es la instancia única a nivel jurisdiccional del contencioso administrativo de anulación a cargo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el cual no sólo tiene que atender miles de demandas anuales sino que no cuenta con instrumentos jurídicos suficientes para hacer ejecutar lo juzgado.

Nosotros nos proponemos otorgar mayores garantías a los ciudadanos frente a las prerrogativas estatales, así como fortalecer el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Vamos a introducir mejoras en la legislación vigente para que no sea necesario agotar la vía administrativa para que el ciudadano pueda acudir directamente al Poder Judicial, a iniciar una acción de reparación patrimonial. A su vez, proponemos mejorar la legislación para dotar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de medidas cautelares concretas, de manera de poder hacer efectivos sus fallos cuando la Administración no los cumple, o los cumple tardíamente.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo debe agilitar su gestión y dejar de funcionar como instancia única. Para eso estudiaremos la posibilidad de creación de juzgados y eventualmente de tribunales de apelación con competencia anulatoria. Esos juzgados y tribunales podrán establecerse o trasladarse a distintas partes del país, como forma de favorecer la accesibilidad y la descentralización.

• Fortalecimiento de la URSEC y de la URSEA 

Estas dos Unidades Reguladoras han sido debilitadas por los gobiernos del Frente Amplio. Se ha producido el fenómeno denominado “captura del regulador por el gobierno”. Es necesario revertir este proceso, alineando el funcionamiento de estas unidades con las mejores prácticas internacionales, que indican un diseño institucional basado en la independencia funcional y orgánica, así como en la neutralidad política de la gestión. Nos proponemos reubicar a la URSEA y a la URSEC en el organigrama institucional, eliminando su subordinación respecto del Poder Ejecutivo y fortaleciendo su autonomía de gestión y económica. Se hablará más específicamente de este tema en el próximo capítulo.

• Control del “Estado paralelo” 

Durante los gobiernos frentistas fueron creadas cerca de medio centenar de sociedades comerciales y fideicomisos que manejan dineros públicos, pero funcionan en régimen de Derecho Privado. Esas entidades invierten, contratan, gastan y designan gerentes sin pasar por los controles del Tribunal de Cuentas ni informar debidamente a la ciudadanía. La transparencia no existe y el riesgo de manejos indebidos es muy alto, como lo mostró el caso de ANCAP. Por eso nos proponemos revisar y derogar la normativa que está permitiendo eludir los controles y el cumplimiento de las normas de administración. También queremos revisar la normativa que regula la firma de convenios con la Corporación Nacional para el Desarrollo. La fuga desde el Derecho Administrativo hacia el Derecho Privado puede convertirse en una manera indirecta de hacer lo que está prohibido.

• Fortalecimiento del sistema de acceso a la información pública 

La Ley de Acceso a la Información Pública fue un avance, pero no está siendo aplicada en forma correcta. Con frecuencia hay atrasos, o la información se entrega de manera incompleta, lo que en los hechos determina múltiples incumplimientos a las obligaciones en materia de trasparencia activa y pasiva. Nos proponemos asegurar la plena vigencia del principio de trasparencia en la actuación del Estado, dotando de un mayor dinamismo y ejecutividad a la Unidad de Acceso a la Información Pública, quien llevará y publicará un registro de los organismos que presenten apartamientos a los instrumentos consagrados en la norma.

• Control ciudadano

Las nuevas tecnologías de la información y las redes sociales permiten promover la participación activa y responsable del ciudadano en el control de la actuación de los servidores públicos. Este escenario ofrece la oportunidad de rendir cuentas en todo momento sobre la manera en que se administra el dinero que aportan los contribuyentes. Esto requiere generar una dinámica de comunicación en dos direcciones. Desde el Estado, divulgando quien, cómo y dónde se gastan los dineros públicos, aunque se trate de gastos  menores. Desde los ciudadanos, denunciando los hallazgos, sea por iniciativa de parte o mediante servicios de escucha activa en redes sociales. El área de Trasparencia e Información de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas hará un seguimiento permanente de las situaciones denunciadas o que tomen estado público. En caso de que resulten fundadas, reportará los antecedentes a efectos de promover las acciones correctivas y de recupero pertinentes.