Programa

DESARROLLO DE LAS A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) son unidades económicas de gran importancia para nuestro país, tanto por su contribución a la actividad económica como por el empleo que generan: reúnen aproximadamente el 67% de la mano de obra privada ocupada y aportan casi el 40% del Producto Bruto Interno nacional. El Uruguay como “país de clase media” está fuertemente asociado a la existencia de este sector. La micro o pequeña empresa es, además, el primer paso en el camino que recorre la gran mayoría de los nuevos emprendedores. Sin embargo, estas empresas constituyen un tejido empresarial frágil y vulnerable, que debe ser atendido desde el gobierno mediante políticas públicas específicas que permitan eliminar o por lo menos atenuar los principales riesgos.

Para ello, desarrollaremos una política específica de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, que concebiremos como una política de Estado y estará en el corazón de la política económica. Incorporaremos el concepto de “pensar en micro”, entendido como el esfuerzo sistemático de pensar en políticas diferenciadas para empresas que tienen un comportamiento y desempeño muy específico.

ACCIONES A IMPULSAR:

  1. Con el objetivo de dinamizar el mercado interno, acceder a nuevos mercados, generar fuentes genuinas de trabajo y disminuir los costos impositivos, nos proponemos impulsar una reestructuración del régimen fiscal para las MIPYMES. El objetivo general es que cada empresa aporte en relación a lo realmente facturado, con tasas subsidiadas para los contribuyentes de menores ingresos. Para eso nos serviremos, entre otras cosas, del régimen de facturación electrónica, que estará implementado.
  2. Una modificación especialmente significativa consistirá en permitir que las compras realizadas por parte de contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) a empresas que anteriormente se encontraban comprendidas dentro del régimen «Pequeña Empresa» puedan considerarse un gasto deducible. Esta es una condición esencial para romper un círculo en el que frecuentemente quedan encerradas las MIPYMES.
  3. Se exonerará a las MIPYMES de realizar anticipos al Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) mientras no tengan facturación. Sólo comenzarán a tributar en la medida que obtengan renta. Mientras no tengan ingresos fuera de subsidios públicos tales como ANDE, MIEM, etc., se establecerá que esos ingresos no computen como renta bruta a efectos del IRAE.
  4. Para los emprendedores que inicien una nueva actividad económica en el territorio nacional, y cuyas empresas estén catalogadas como micro o pequeñas empresas, se exonerarán los aportes jubilatorios patronales de los titulares y sus empleados durante los primeros 12 meses de actividad, para luego empezar a incorporarlos gradualmente. En el régimen vigente, la exoneración finaliza el 31 de diciembre del año en el inicia las actividades, sin importar cuándo comenzó su actividad.
  5. Los impuestos son un costo en sí mismo, pero además generan costos burocráticos asociados. Por eso es necesario volver más rápidos los trámites de apertura y cierre de las empresas. Por ejemplo, que la inscripción de empresas unipersonales pueda realizarse on line en todo el país.
  6. Las tarifas públicas han sido usadas en estos años como un instrumento de recaudación. Esto tiene consecuencias graves para las micro, pequeñas y medianas empresas, tanto en el momento de la instalación como en los años posteriores. Por eso proponemos una rebaja de la tarifa eléctrica para MIPYMES, trasladando a los costos de Abastecimiento de la Demanda (CAD) los abatimientos ya logrados y los que lograrán en el futuro. Este proceso debe ser gradual, porque debe tenerse en cuenta el estado general de las cuentas públicas y las necesidades de inversión de la propia UTE. También proponemos eliminar la disparidad que existe en el caso de OSE entre el cargo fijo de la tarifa residencial y de la tarifa comercial. El costo del contador y el cargo fijo asociados a la tarifa comercial son entre un 400% y un 900% más caros para los comercios que para los hogares. Muchas micro empresas con 1 a 4 empleados no tienen una estructura productiva que justifique ese tratamiento. Es necesario revisar ambos costos de forma tal de ir hacia una tarifa preferencial intermedia, entre comercial y residencial, para las micro y pequeñas empresas.
  7. Crearemos mecanismos de financiamiento que corrijan fallas del mercado, potenciando el Sistema Nacional de Garantía para que se convierta en un mecanismo ágil y de alcance nacional. Regularemos la creación de fondos de inversionistas ángeles, de tal forma que sea posible la entrada y salida en una empresa a través, por ejemplo, del mercado de valores.
  8. Promoveremos de manera específica la internacionalización de las MIPYMES, incorporándolas en tratados comerciales e invirtiendo en servicios de apoyo para acceder a los mercados externos, de forma de reducir los altos costos de comercialización. En este marco, estimularemos la conformación de redes, clusters o conglomerados de MIPYMES exportadoras, como forma alcanzar suficiente escala para acceder a mercados más grandes.
  9. Diseñaremos estrategias y planes de apoyo a la creación y fortalecimiento de MIPYMES, diferenciadas por región geográfica y con fuerte implantación territorial. Se buscará que en cada región converjan en forma coordinada los apoyos de diferentes actores públicos y privados.
  10. Impulsaremos la asociatividad en materia de compras, por ejemplo estimulando la creación de clusters que reúnan a empresas que compran en los mismos lugares y con los mismos proveedores.
  11. Como forma de limitar la discrecionalidad con que el Estado le paga a las micro, pequeñas y medianas empresas en su calidad de proveedores, nos proponemos reglamentar la Ley de Compras Públicas para el Desarrollo de forma tal que el Estado quede obligado a pagarle a aquellos proveedores que tengan condición de MIPYME en un máximo de 60 días.