AGRO

El agro sigue siendo la locomotora del Uruguay. De manera directa representa un 6% del PIB nacional. Cuando se incluyen todos los subsectores y las industrias asociadas, esta contribución ha oscilado entre el 12 y el 16%.

El agro representa casi el 80% de nuestras exportaciones. Además genera “efecto derrame” hacia otros sectores, produciendo encadenamientos “hacia atrás” (la demanda del agro mueve los fletes o la producción de insumos) y también “hacia delante” (casi las dos terceras partes de la producción agropecuaria nacional sirven de insumo a otras industrias). Esto tiene consecuencias directas sobre el empleo: el sector primario emplea unas 150 mil personas, a las que se suman 80 mil del sector agroindustrial. El sector agropecuario es también el que provoca mayores incrementos en los ingresos de los hogares, junto a los servicios. El sector ganadero, en particular, es el que provoca mayores incrementos de renta en los hogares del primer y segundo quintil, es decir, en los hogares de menores ingresos.

Pero el agro es hoy una locomotora frenada por los altos costos de producción, por el atraso cambiario, por la inseguridad, por el deterioro de infraestructura y por la falta de una adecuada inserción comercial, que nos hace perder mercados o entrar en ellos en malas condiciones. A causa de este conjunto de dificultades, su capacidad competitiva se ha venido debilitando durante la última década. Esto afecta a la sociedad en su conjunto. La ganadería ha venido transfiriendo al resto de la sociedad alrededor del 70% de los beneficios obtenidos como diferencia entre ingresos y egresos por tonelada de carne procesada. En los últimos años, debido a la falta de competitividad, este beneficio obtenido por la sociedad cayó en más del 40%.

Nuestro objetivo es volver a poner al agro a jugar en su puesto, para que a través de su crecimiento actúe como palanca para al resto de la economía. Volver a hacer del agro una actividad rentable promoverá la inversión, generará empleo y traerá beneficios para todos. Para lograr este objetivo hay que actuar con más inteligencia y con menos prejuicios ideológicos.

El salto de competitividad que necesita el agro debe partir del reconocimiento de que el sector agrupa dos tipos de actividad muy diferentes. Por una parte está el “agro exportador”, cuyo rubro más visible es la ganadería pero incluye también a la agricultura, la pesca y la forestación. Este sector solo requiere que no se lo frene con atraso cambiario, impuestos ciegos e inseguridad. Por otro lado está el “agro doméstico”, que incluye parcialmente a la lechería, a la granja completa, a la vitivinicultura y en general a la agricultura familiar. Aquí habrá que aliviar costos, al tiempo que se lo va preparando para la libre competencia y la exportación. Se necesita, por lo tanto, más aporte público que en el otro sector.

El agro tiene y tendrá un rol protagónico en el desarrollo económico. Mejorar su productividad requiere cuatro condiciones. La primera es un marco de previsibilidad en cuanto a las condiciones económicas. La segunda es el desarrollo de un paradigma tecnológico y de procesos productivos que sea superador. En tercer término son necesarias relaciones de precios que permitan procesar los cambios. Finalmente, hacen falta recursos humanos para sostener estos procesos.

El Uruguay ha sido exitoso en el diseño de políticas de Estado relativas al agro. La forestación constituye un ejemplo. El camino a seguir consiste en replicar esa experiencia para otros sectores claves como la producción láctea, la arrocera, la ganadería, los granos, la granja, etc. Hacen falta planes de desarrollo y fomento que atiendan a las especificidades y necesidades de cada sector, con un Estado activo y con visión de mediano y largo plazo.

Junto a desafíos más tradicionales, estamos frente a una nueva ola de revolución agropecuaria que se seguirá profundizando de la mano de la digitalización y la bioeconomía. El sector agropecuario pasó de ser un sector de información promedio a uno de superproducción de información. El desafío es gestionar esa información en todos los sectores y rubros. Esto permitirá dar saltos de productividad, al traducir la información en reglas de gestión. También permitirá direccionar los esfuerzos de la institucionalidad para priorizar zonas donde el desarrollo tecnológico es inferior, y establecer una red articulada de respuestas al sistema productivo.

La bioeconomía está abriendo y abrirá nuevos caminos. Se apunta al máximo aprovechamiento de la biomasa cultivada y de desecho para la provisión de bienes y servicios. La interacción de las cadenas de valor agropecuaria, forestal y pesquera con la I+D+i genera redes de valor para la incorporación de valor agregado y la diversificación de la producción primaria. Se deberá potenciar en otras áreas el programa “Estrategia Nacional de Desarrollo a largo plazo, Uruguay 2050” en el marco de la OPP.

La generación de certezas tecnológicas por parte de las instituciones de investigación deberá ser la forma con que se llegue a los productores para los múltiples desafíos productivos junto con un sistema de extensión que incorpore no solo la problemática tecnológica si no la de la persona como un todo.

El sector agropecuario ha dado sobradas muestras de su vocación por la mejora permanente, aun en condiciones hostiles. Por eso impulsaremos medidas de impacto para la reactivación del aparato productivo, con la convicción que el sector productor y exportador devolverán con creces el esfuerzo que haga la sociedad. Otro eje de nuestra propuesta es el desarrollo de una nueva ruralidad, en donde se resignifique lo rural, se lo valorice y se lo jerarquice como parte de nuestra identidad.

Nos proponemos construir un futuro posible para el agro, considerando las particularidades de cada uno de sus sectores. La crisis actual es distinta a otras, porque no tenemos a quién responsabilizar. No es la aftosa ni son los precios internacionales. Esta crisis es fabricada por nosotros. Como tal, para resolverla deberemos aceptar el problema y hacernos cargo. Para ello es clave el diálogo con todos los actores.

Algunos problemas generales y nuestras propuestas de solución

Impuestos

Los gobiernos del FA han sido grandes generadores de latifundios. Cada vez se necesitan más hectáreas para poder vivir del campo. Esto se debe, entre otras cosas, a la presión fiscal que se ha ejercido sobre el sector. Desde 2005 hasta 2018, el agro ha pasado de pagar 112 millones de dólares en impuestos a pagar 260 millones. La presión fiscal pasó del 7.7% sobre el PIB sectorial en 2005, al 8,3% en la actualidad.

No sólo aumentó la presión fiscal, sino que cambió su estructura. En 2005, los impuestos ciegos a la tierra representaban el 37% del total de lo pagado. En 2018 representaban el 60%. Estos son impuestos retrógrados, que atentan contra la inversión y la producción intensiva.

Este conjunto de problemas se suman al problema fundamental que enfrenta el agro, que es la falta de competitividad explicada principalmente por el rezago cambiario.

ACCIONES A IMPULSAR

1. La política tributaria para el agro debe estar basada en la renta, como lo está en los demás sectores de la economía.
2. Permitir que los productores que tributan IMEBA puedan descontar costos de producción. Estudiar la posibilidad de que también puedan descontar el IVA en insumos estratégicos.
3. Permitir gradualmente que el Impuesto al Patrimonio pueda ser descontado del Impuesto a la Renta.
4. Flexibilizar las fechas de pago de tributos, ajustándolas a los ciclos productivos.

Tarifas públicas

Los combustibles y la energía eléctrica son las tarifas que más afectan a los productores y que limitan su desarrollo productivo. Las respuestas a este problema deben ser variadas, dependiendo de las características de cada rubro. Lo que es común es la necesidad de un cambio de concepción por parte del gobierno central y de los entes públicos: las tarifas tienen que ser vistas como un factor de desarrollo económico y no solamente como un medio de recaudación.

ACCIONES A IMPULSAR

1. En función de lo definido por el equipo económico, se tomarán medidas para bajar, en primer lugar, el costo de los combustibles y luego de la electricidad. En la sección dedicada a Energía se especifican las medidas concretas a adoptar.
2. Hacen falta condiciones que devuelvan a los productores herramientas para la inversión, la innovación y asumir riesgos. Hay que brindar herramientas que permitan una mayor agilidad en las explotaciones agropecuarias y un acceso eficiente a los estímulos.
3. Se eliminará la discriminación que actualmente sufre la agropecuaria en el acceso a personas jurídicas admitidas en otros sectores. La prohibición de la utilización de Sociedades Anónimas o en Comandita es una limitante a la integración de capitales al sector.
4. Se creará un programa para regularizar la titularidad de predios chicos. Hoy resulta muy caro y complejo regularizar los papeles de una fracción, lo que impide al acceso a créditos o a programas del MGAP. No existen cuantificaciones que permitan estimar la dimensión de este problema. El primer paso será realizar un diagnóstico de la situación.

Inserción Internacional

Los problemas de inserción internacional del país tienen consecuencias negativas sobre la competitividad del sector agroexportador. Si bien la capacidad productiva del sector y su intensa política de colocación de productos ha abierto mercados, la falta de acuerdos comerciales nos impide ingresar en ellos en buenas condiciones. La exportación de carne bovina y los subproductos cárnicos son quienes más sufren este problema, al aumentarse los costos de colocación de sus productos en casi 180 millones de dólares anuales.

Una forma de dimensionar lo que el agro está pagando en aranceles es relacionarlo con algunos costos o parámetros conocidos. Los 250 millones de dólares que se pagan anualmente son casi el equivalente de todos los impuestos que paga el agro (278 millones). La cifra es equivalente al valor de todas las terneras que nacen en el país en un año, y supera en 30 millones de dólares al total de ingresos por exportación en pie del año 2017. Mientras tanto, Australia y Nueva Zelanda están ingresando a China y la Unión Europea sin pagar aranceles, o con un acceso preferencial gradual que apunta en esa dirección.

Todo esto deja a Uruguay en condiciones muy difíciles para competir. Y la situación podría agravarse si Uruguay pierde la cuota 481 que le permite ingresar a la Unión Europea. Este riesgo está lejos de ser puramente teórico. Debe recordarse que, hace dos años, Uruguay perdió el acceso preferencial de varios rubros de su oferta exportable, al caer el Sistema Generalizado de Preferencias que manteníamos con la propia Unión Europea.

ACCIONES A IMPULSAR:

1. En función de lo definido en materia de Relaciones Internacionales, se iniciarán negociaciones vigorosas para sacar al país de su actual situación de aislamiento comercial. En particular, es necesario seguir negociando sobre la última oferta de 99 mil toneladas que realizó la Unión Europea, en el marco de las negociaciones sobre un TLC con el Mercosur. En la sección “Salir al encuentro del mundo” se especifican las medidas a adoptar.

Seguridad Rural

El país rural ha asistido a un crecimiento sin precedentes de la inseguridad: el abigeato, el hurto de combustibles, de fertilizante y otros insumos, la faena clandestina, la caza abusiva, los daños a maquinaria y los copamientos a domicilios se han extendido en toda la República. En el caso particular del sector ovino, el abigeato ha sido identificado como una de las principales limitantes de su desarrollo. Hoy los productores manifiestan que es casi imposible tener ovejas cerca de los pueblos o ciudades, o al lado de las rutas. También el sector lechero está siendo gravemente castigado por la matanza de animales de alto valor genético. En el sector de la granja, aquellos que comercializan sus mercaderías en ferias se ven obligados a tomar medidas para proteger su mercadería, su recaudación y su casa mientras están atendiendo el puesto.

Todo esto genera grandes aumentos de costos para los productores, pero además trae riesgos sanitarios para los consumidores, atenta contra el bienestar animal y pone en riesgo la imagen del país en cuestiones tan sensibles como la trazabilidad.

La respuesta de los últimos gobiernos ha sido deficiente. Si bien la Comisión Asesora Honoraria para la Seguridad Rural y sus filiales departamentales han hecho su trabajo, muchos de las medidas que sugieren no se reflejan en las decisiones del Ministerio del Interior ni del MGAP. A esto se suman medidas que han tenido efectos negativos, como la reducción de personal y el cierre de destacamentos policiales en zonas rurales. Como aspecto positivo, cabe destacar la medida adoptada por parte del Instituto Nacional de Carnes (INAC) en controles, capacitaciones y solventar los costos por la realización de análisis comparativo de muestras de carne (ADN), que en muchos casos ha contribuido al esclarecimiento de abigeatos y faena clandestina.

ACCIONES A IMPULSAR:

Si perjuicio de otras medidas que se especifican en la sección referida a Seguridad Ciudadana, destacamos la necesidad de:

1. Dar máxima jerarquía al tema seguridad rural, abordándolo como un tema al que se debe responder con estrategias de alcance nacional, a cargo de las más altas autoridades competentes.
2. Retomar la realización de controles sobre la propiedad del ganado, que en los hechos ha dejado de ser ejercida por el Ministerio del Interior. Para ello será necesario compatibilizar las disposiciones que surgen de la Ley de Procedimiento Policial con las disposiciones que surgen del Código Rural.
3. Fortalecer las áreas de contralor del MGAP. Hoy estamos ante un desmantelamiento de dicho Ministerio en áreas de gran relevancia, lo que atenta contra la prevención del delito.
4. Avanzar en la georreferenciación voluntaria de establecimientos agropecuarios, de forma de poder dar una respuesta inmediata ante diferentes situaciones críticas. Crear un mecanismo descentralizado de relevamiento y seguimiento de denuncias, que no obligue a las víctimas a desplazarse a las capitales departamentales, como hoy ocurre con frecuencia.
5. Modificar el Art. 1 la Ley Nº 15.605, con el fin de devolver a INAC las competencias de habilitación, registro y control de carnicerías y otros locales de comercialización de productos cárnicos en el interior.
6. Extensión de la presunción de legítima defensa en establecimientos rurales.
7. Creación de una unidad especializada en la prevención y control del delito en el medio rural.

Burocracia

El exceso de burocracia aumenta los costos y desalienta decisiones de inversión. Los tramites, registros y protocolos son excesivos y frecuentemente se superponen. En no pocos casos, el cumplimiento de exigencias burocráticas está en conflicto con los ciclos naturales o con la disponibilidad de liquidez por parte de los productores. Por estas y otras vías, la regulación tiene el efecto de destruir valor.

ACCIONES A IMPULSAR:

1. El MGAP, en coordinación con la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, realizará un análisis crítico de cada uno de los procesos y requisitos burocráticos que afectan al sector. Para cada uno de ellos se estudiará su pertinencia, impacto, fundamento científico, capacidad de control por parte del Estado, grado de interferencia con las decisiones empresariales y justificación de la obligatoriedad. Los registros de productos, la intervención en el tipo de insumo a utilizar y la recarga registral de las transacciones de ganado estarán en el centro del análisis. En los 90 días siguientes a su creación, la comisión presentará su primer informe, ordenando las acciones por impacto y nivel de complejidad de la solución, y propondrá un plan de acciones prioritarias a cumplirse en un máximo de 6 meses.
2. Sobre la base de dicho estudio, se realizará un reordenamiento de procesos y una simplificación del conjunto de los trámites, apostando a una lógica centrada en el cliente. Se priorizará el uso intensivo de tecnología como estrategia para reducir los costos burocráticos de los productores.
3. Una vez concluida la etapa anterior, se lanzará un programa de capacitación de alcance nacional, dirigido a los funcionarios que están en contacto con los productores. Debe instalarse la cultura de que un funcionario es un articulador entre la burocracia estatal y los agentes privados, cuya función principal es ser solucionadores de problemas.

    Variabilidad climática

Uruguay tiene un clima muy variable, y es posible que esta característica se esté agravando como consecuencia del cambio climático. Sin embargo, tenemos un insuficiente desarrollo de instrumentos para mitigar la parte que podemos gestionar. Hoy se hacen esfuerzos para cristalizar un seguro de inversión en cultivos, liderados por el sector privado. Pero la intervención del sector público ha sido escasa.

ACCIONES A IMPULSAR:

1. El primer paso para avanzar en este camino es realizar un trabajo técnico de recopilación de bases de datos. A tales efectos, se creará un grupo de trabajo integrado por personal del Sistema Nacional de Información Agropecuaria, INUMET, personal técnico de las Fuerzas Armadas y especialistas provenientes del mundo académico.
2. El segundo caso consiste en iniciar negociaciones a escala regional (litoral argentino, sur de Brasil) como manera de lograr condiciones de primas más ventajosas. En varios sentidos, una solución regional a este problema es mucho más eficiente que una solución nacional.
3. El último paso consistirá en revisar permanentemente que el marco reglamentario sea el adecuado para el desarrollo de este tipo de instrumentos.

Endeudamiento

A diciembre 2018, la deuda agropecuaria se ubicó en 2.300 millones de dólares. Hoy el endeudamiento es 6 veces mayor que en 2005. La morosidad (deuda vencida/deuda total) se ubicaba en 5,48% a diciembre 2018. A diciembre de 2017, ese mismo valor era del 3,82%. Quiere decir que la tasa de morosidad aumentó un 40% de un año para otro.

ACCIONES A IMPULSAR:

1. Las medidas para enfrentar este problema son de dos tipos. Por una parte, hay que modificar las condiciones que están conduciendo a este aumento del endeudamiento y la morosidad. La reducción de tarifas y los alivios fiscales son esenciales a este respecto. Por otra parte, se estudiarán refinanciaciones y financiamientos de largo plazo, condicionados a la aprobación de programas que aseguren saltos en términos de eficiencia y productividad.

La problemática de los diferentes sectores

Ganadería

La ganadería es un sector dinámico y con fuertes tradiciones de trabajo, que a pesar de las dificultades ha mantenido su papel como multiplicador de crecimiento y generador de empleo. En la medida en que se asegure un buen manejo de las finanzas públicas, no se trata de un sector que requiera de apoyo estructural.

ACCIONES A IMPULSAR:

1. Desde el punto de vista del sector exportador agropecuario, se buscarán dos estrategias con plazos diferentes: a mediano plazo, la apertura del país mediante acuerdos bilaterales o multilaterales; a corto plazo, la estrategia de apoyo al exportador. En este último aspecto, estimularemos desde el Estado sistemas de coworking que permitan a cualquier productor sin capital ofrecer sus productos al mundo. De esta manera contribuiremos a aumentar las exportaciones de origen agropecuario, así como a dinamizar la comercialización de insumos dentro del país.
2. Se redefinirá con un sentido moderno y tecnológico la condición de producción familiar. En la medida en que se consiga devolver competitividad al sector ganadero, superficies que hoy se consideran minifundios podrán funcionar como unidades productivas sustentables, integradas a la ganadería comercial. Para dar este paso es esencial una política de difusión y uso compartido de recursos tecnológicos.
3. El deterioro de infraestructura genera altos costos a los productores, no sólo monetarios sino también temporales. Además, los vuelven dependientes de las condiciones climáticas para poder cumplir operaciones tan elementales como embarcar ganado. El conjunto de medidas que se presentan en la sección referida a Infraestructura es una respuesta a esta problemática.
4. Muchos productores resignan enormes cantidades de producto por falta de liquidez. Esto se debe en buena medida a la ausencia de mecanismos agiles y estandarizados para obtener dinero de los activos ganado y tierra. Para lo primero existen opciones en la actualidad. Para lo segundo, las opciones se limitan a la hipoteca tradicional. Trabajaremos en el desarrollo de reglas que permitan nuevas opciones de financiamiento, tanto a partir del ganado (utilizando la trazabilidad y una mayor seguridad jurídica) como a partir de la tierra (sustituyendo la hipoteca actual por mecanismos de última generación).
5. Existe una problemática seria asociada al capim annoni (Eragrostis plana  Nees).  que tiene una capacidad de colonización muy grande de los campos y los degrada enormemente. Con una proporción del orden del 35% por ciento en los campos, la productividad de los mismos se reduce al 50 %. En Uruguay el problema está en todo el país, pero reviste especial gravedad en los departamentos de frontera con Brasil y al norte de la ruta 26. Está en juego la base pastoril del Uruguay; amenaza nuestro campo natural, responsable en gran parte de la competitividad de la cadena cárnica y lanera de nuestro país.  Se potenciará la capacitación y líneas de investigación que ya se están desarrollando con el objetivo de detección temprana del problema. Somos un país que tiene un alto porcentaje de campo natural en la superficie productiva. Se debe potenciar el espacio ya consolidado de la Mesa de Campo Natural en el marco del MGAP como espacio de coordinación entre los distintos agentes para consolidar propuestas que permitan aumentar la productividad de este recursos en forma sostenible.

Ovinos

Pese a la reducción de stock y a algunas dificultades serias, como las derivadas del abigeato, se trata de un rubro con buenas perspectivas de desarrollo. Hoy existe la tecnología y acceso a capacitación que hacen viable una explotación exitosa. Dado que requiere baja inversión, puede generar ingresos para el mantenimiento de una  familia en predios pequeños. Por eso se torna una buena opción para jóvenes con aspiraciones de radicación y desarrollo en el medio rural, así como para la reconversión de productores lecheros que hoy están en situación crítica.

Las perspectivas  del mercado son buenas, tanto en carne como en  lana (en especial lanas finas). Nuestra orientación estratégica apuntará a asegurar la viabilidad económica de emprendimientos pequeños y medianos, con mano de obra familiar, como parte de un proceso de recuperación general del rubro.

ACCIONES A IMPULSAR:

1. Parte de las dificultades que frenan el desarrollo del sector son el abigeato y el daño causado por predadores. Para el abigeato, ver las medidas 13 a 16 en esta misma sección. En cuanto a los predadores, es necesaria una política razonable que incluya, entre otras medidas, la multiplicación de programas de castración (este punto se trata en la sección correspondiente a Bienestar Animal). En esta materia también es necesario actualizar y asegurar el pleno cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Ley Nº 15. 939 del 28/12/1987, art. 28, referido a las responsabilidades de los propietarios de bosques.
2. Un segundo freno al desarrollo del sector ovino es generado por las dificultades de comercialización, sobre todo en el caso de los pequeños productores. Para enfrentar esta limitante fomentaremos el desarrollo cooperativo, especialmente para la comercialización de ovinos en pie o faenados. Se buscará un producto que permita comercializar corderos por regiones, dentro un marco regulatorio sencillo y claro. Para ello se trabajará en forma coordinada con el INC, INEFOP, INIA, SUL, Plan Agropecuario y la Dirección General de Desarrollo Rural.
3. Siempre en busca de mejores condiciones de comercialización, estimularemos la instalación de frigoríficos especializados en faena ovina, vía COMAP. También impulsaremos que INAC incluya a la carne ovina dentro de sus prioridades, sobre todo con el proceso de generación de información, con el objetivo de profundizar la comprensión de la construcción del precio percibido por parte del productor. Se coordinarán con Uruguay XXI nuevas estrategias de presentación internacional de estos productos.
4. Para facilitar el aumento de la inversión, se impulsarán proyectos de ley que ya han sido presentados por legisladores de nuestro Partido, con el fin de crear una política de estímulos para la producción ovina con similitudes a la implementada hacia la forestación.
5. Se priorizará la implementación de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo del rubro ovino que contemple las actuales limitantes y oportunidades, y coordine los esfuerzos que hoy se están realizando por parte de la institucionalidad pública y privada. Entre otras cosas, el Plan deberá generar las posibilidades de habilitar más cuarentenas para exportación en pie, más compartimentos y, profundizar la formación de recursos humanos especializados, con énfasis en sistemas sostenibles de economía circular y pastoreo racional.

Lechería

Pese a haber logrado aumentos de productividad similares a los de los países más avanzados, el sector lechero está atravesando un momento complejo. Los precios han bajado y los costos han subido. Esto ha llevado a un aumento importante de los niveles de endeudamiento, tanto en la industria lechera como en el eslabón productivo. Desde el 2005 a la fecha, el endeudamiento de estas dos actividades de la cadena lechera se multiplicó por más de 5. Además de ser un problema productivo complejo, esta situación tiene un grave impacto social.

ACCIONES A IMPULSAR:

1. Profundizar los esfuerzos que ya se están haciendo para facilitar el pago de deudas por parte del sector.
2. Permitir que las empresas que tributan IMEBA puedan descontar IVA en la compra de insumos.
3. Reducción transitoria de las tarifas de combustible y electricidad que paga el sector.
4. Lanzamiento de una ofensiva público-privada (Uruguay XXI-empresas exportadoras) para conseguir nuevos mercados, o mejores condiciones en mercados ya abiertos, para nuestros productos lácteos.
5. Conformar una política estatal de tierras destinadas a cuenca lechera. Más de la mitad del área de los tambos es arrendada. El Instituto Nacional de Colonización tendrá aquí un rol protagónico. Se apoyarán campos asociativos entre productores, como campos de forrajes y de recría. También se generarán mecanismos para resolver aspectos como la gestión de efluentes, el bienestar animal, la gestión de recursos humanos y la seguridad laboral.

Sanidad Animal

Uruguay es considerado un país serio en materia sanitaria, tanto a nivel regional como internacional. Este es un valor que se debe preservar y profundizar, asumiéndolo como un patrimonio nacional.

ACCIONES A IMPULSAR:

1. Los actuales programas de  Control y Erradicación de Ectoparásitos (Garrapata, Sarna y Piojos) y de Brucelosis deben ser mantenidos.  Al mismo tiempo, deben corregirse diversas fallas que hoy existen en su gestión, y asegurar una asignación de fondos que se ajuste a los objetivos buscados.
2. Debe mantenerse el Plan de Control y Erradicación de Fiebre Aftosa, incluyendo la vacunación del rodeo nacional. Paralelamente, se deben realizar estudios que permitan determinar los riesgos y oportunidades de una eventual suspensión de la vacunación obligatoria. Esta acción exigirá una correcta coordinación con las autoridades sanitarias de los países de la región. También se deberá mejorar la operativa de la barrera sanitaria, o establecerla a nivel de compartimento o zona libre, sin considerar los límites geográficos internacionales sino el foco, la peri foco  y la zona libre de la enfermedad.
3. Integrar la Leptospirosis a los programas sanitarios oficiales, por ser una enfermedad zoonótica y de alto impacto en la ganadería, especialmente en el sector lechero. Se deberá coordinar acciones para disminuir su impacto, involucrando a Salud Publica.
4. Prestar especial atención a la Tuberculosis, zoonosis de altísimo impacto, reforzando los planes de control, optimizando el diagnóstico y la faena de los animales positivos, y generando procedimientos de rápido sacrificio, ya que actualmente se depende de una sola planta de faena para todo el país, con los efectos negativos que esto genera en la difusión de la enfermedad. Estudiar la posibilidad de construir plantas de faenas sanitarias controladas por el Estado para todos los animales portadores de enfermedades prevalentes.
5. La trazabilidad debe mantenerse y profundizarse. Esta herramienta nos ha permitido diferenciarnos en la región y el mundo, permitiendo garantizar la sanidad del animal y la inocuidad de sus productos. Todo esto agrega valor. En el futuro debemos ajustarnos a las nuevas exigencias de los mercados, mejorando las herramientas, optimizando las actuales y añadiendo otras cadenas a las ya existentes. Se debe priorizar el concepto “de la granja al plato”, ofreciendo más información a los consumidores sobre el origen del producto que van a consumir.
6. Combate a la Miasis por Cochliomyia hominivorax, o “Bichera”. Esta problemática tiene impactos económicos muy altos, ya estimados en el sector pecuario, así como también en la salud pública y el bienestar animal. Existen cuantificaciones que muestran que su solución tiene una relación costo/beneficio muy positiva. Apoyamos el proyecto FAO/AIEA para el control de esta parasitosis, siendo fundamentales los aportes de APHIS, ARS y COPEG, consistente en la Técnica del Insecto Estéril, previo acuerdo con la región, al más alto nivel, sobre la continuidad del programa hasta la erradicación. Intercambiar experiencias y aportes de regiones que han sido exitosas en la erradicación, como USA, México y Panamá.

Agricultura

La agricultura de secano padece los mismos problemas de competitividad que la mayoría de los sectores productivos del país. Esos problemas se vuelven especialmente perjudiciales en este rubro, porque Uruguay tiene un mercado interno muy chico y todos sus productos (soja, trigo, maíz, sorgo) deben ser competitivos a paridad de exportación. La única industria que se mantiene gracias al mercado interno es la harinera, aunque con una concentración cada vez mayor.

El alto costo país también pone frenos a la integración vertical del sector. Argentina produce los mismos productos que nosotros pero tiene industrias de transformación muy competitivas (por ejemplo, las aceiteras con más escala del mundo). Estos aspectos nos condenan a exportar bienes primarios sin ninguna industrialización.

Otros problemas que afectan al sector son la incertidumbre climática (respecto de la cual se tiene una enorme dependencia), el costo de los arrendamientos (un 70 por ciento de la agricultura se hace bajo este régimen) y los costos logísticos asociados al mal estado de las rutas y el costo del combustible. Este último problema ha hecho bajar consistentemente las áreas sembradas en zonas alejadas de los puertos. El tema de la distribución de gas agrega complejidades. La infraestructura de distribución de gas es insuficiente y en cada zafra se plantea un escenario muy diverso de oferta y demanda.

El modelo agrícola uruguayo depende mucho de un solo cultivo, que es la soja.  Esta situación no es buena para los productores, ni para los exportadores, ni para la tierra, ni para el Estado. Existe una capacidad instalada a lo largo de toda la cadena que no está siendo debidamente aprovechada. Se deben difundir rotaciones que a mediano plazo resulten beneficiosas para todos. Los cultivos de invierno son necesarios para el sistema, pero necesitan estímulos fiscales de corto plazo (estímulos que serán más que devueltos por lo que se recaude de impuestos: devolución de tributos, prefinanciación de exportaciones e incentivos de tipo fiscal, tanto para la exportación como para la industria nacional).

ACCIONES A IMPULSAR:

1. Se diseñará un plan de contingencia para la distribución de gas en tiempos de zafra, que incluya mecanismos flexibles de comercialización y una logística acorde (camiones cisterna, etc.).
2. Se trabajará en un Plan de Uso y Manejo de Suelos que involucre a dueños de la tierra, arrendatarios, prestadores de servicio, proveedores de insumos, etc. El objetivo es que el uso del suelo se parezca cada vez más a su capacidad de uso potencial. Para eso es necesario estimular prácticas que favorezcan una explotación racional a largo plazo (como las rotaciones cultivos/pasturas), al mismo tiempo que aseguren resultados económicos satisfactorios. El aporte de información para la articulación de estos agentes es muy relevante, así como las medidas de fiscalización y sanción. Pero la experiencia muestra que no son suficientes si no se tienen en cuenta los resultados económicos.
3. Se avanzará en la instalación de sistemas de seguros que resguarden a la producción de las adversidades climáticas (ya descritos en las Medidas 20 a 22 de esta misma Sección). Este es un tema especialmente relevante en el caso de la agricultura, no sólo por su alta vulnerabilidad sino por las condiciones particulares en las que funciona: en un círculo de 200 km de diámetro se concentra el 80 por ciento de la agricultura de secano. Eso genera condiciones difíciles para conseguir primas de riesgo aceptables. Estamos atentos al proyecto en ejecución en el marco de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), que está trabajando el tema.

Riego y manejo integral del agua

En la década de los 90, el proyecto Prenader, con fondos del Banco Mundial, financió y subsidió parcialmente el desarrollo de embalses y fuentes de agua. Resultó una medida acertada pero parcial: sirvió mucho al sector arrocero, pero no tuvo el mismo impacto en otros. En cultivos agrícolas extensivos de verano (maíz, soja) y pasturas, hay buena respuesta al riego. Pero en este caso no sólo se requieren embalses, sino también otras inversiones para las cuales el Prenader no daba respuestas.

En años recientes, la mayor rentabilidad de la agricultura y la Ley de Promoción de Inversiones justificaron esas inversiones adicionales, como instalaciones eléctricas, sistemas de bombeo, sistemas de cañerías de conducción y equipos para riego por aspersión (principalmente para granos, aunque también se instalaron para la producción de pasturas). Hoy el INIA, la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República y el Secretariado Uruguayo de la Lana están realizando esfuerzos para generar información.

Un último elemento para entender la situación es la Ley de Riego. Se trata de una norma bien inspirada, que apunta a estimular y apoyar la iniciativa privada. El concepto fundamental es fomentar emprendimientos conjuntos con capitales de terceros, que se puedan aplicar a sistemas multiprediales (prácticas que ya existen en áreas arroceras, pero que en el resto del país encontraban demasiados obstáculos). Pero la ley generó al mismo tiempo preocupaciones y debates, en general asociados a problemas ambientales. Por ejemplo, se señala que los embalses constituyen un punto de contaminación, especialmente en lo referido a las cianobacterias.

Todo esto exige desarrollar un enfoque integral de manejo del agua, que contemple al mismo tiempo las necesidades productivas y los riesgos ambientales.

ACCIONES A IMPULSAR

1. Se debe desarrollar una política efectiva de control de aguas que permita evitar la contaminación de los embalses. El punto a tener en claro es que los embalses no generan contaminación por sí mismos. El problema son los elementos contaminantes  (incluyendo los orgánicos y fertilizantes) que llegan a todos los cauces del país. Esos elementos contaminantes se manifiestan y se potencian en los embalses, porque allí el agua se enlentece y se calienta en la orillas. La solución no es, por lo tanto, eliminar los embalses para “no ver” la contaminación, sino prevenirla en todas sus formas y orígenes. El MGAP y DINAMA han avanzado en este sentido, pero no lo suficiente. La única forma de prevenir y minimizar el problema es extremar el cuidado de todas esas prácticas: uso de fertilizantes y agroquímicos, efluentes de industrias, tambos y feed-lots, etc.
2. Otro problema que exige respuestas inmediatas son los abrevaderos. Es necesario minimizar el acceso directo de animales a puntos de bebida naturales o artificiales. Esta es una transformación relativamente barata (pero que exige un esfuerzo al productor) y con alto potencial de mejora medioambiental. Para avanzar en este sentido, proponemos aprobar deducciones de IVA a los productores que tributan IMEBA y realicen las inversiones necesarias.

Pesca y acuicultura

La ley de ordenamiento madre del sector pesquero data del año 1969. A partir del año 1974, el Programa de Desarrollo Pesquero y el Tratado del Río de la Plata establecieron un modelo de explotación pesquera ya largamente necesitado de revisión. Este marco normativo inadecuado, junto a grandes cambios que han ocurrido en el mundo, hace que en los últimos 25 años se haya generado una reducción severa tanto en los buques como en las plantas pesqueras. Hoy apenas está funcionando una quincena de establecimientos.

ACCIONES A IMPULSAR:

1. Realizar un estudio pormenorizado de las cargas impositivas y costos que afectan a las empresas del ramo (BSE, aportes de BPS, tasas de permisos de la pesca, tarifas portuarias, gastos energéticos, etc.). Se reducirá el peso de las cargas impositivas ciegas y se asegurará que lo recaudado mediante tasas tenga los destinos originalmente previstos. Respecto a los gastos energéticos, se usarán tarifas diferenciales para  estimular la reconversión de las empresas hacia el uso de energías renovables (biomasa, solar, eólica, etc.). Para quienes se hayan reconvertido, se autorizará la venta de energía excedente a precios de mercado.
2. Se complementarán los estudios disponibles sobre áreas de reproducción del recurso pesquero, con el fin de asegurar el respeto de las zonas de exclusión y los tamaños de cardumen extraídos. Sobe la base de esa información se iniciará una política de control más rigurosa. Es necesario avanzar hacia métodos de extracción más selectivos y aplicar la definición de “esfuerzo pesquero” (que no considera el tonelaje neto de extracción, sino la presión sobre el recurso). Se debe alentar la pesca de especies no explotadas y la aplicación de la acuicultura, fortaleciendo la investigación tal cual lo establece la Ley N° 19.175 y su decreto reglamentario 115/18.
3. La política de control también se extenderá a los ríos. Se combatirá la depredación por la instalación ilegal de redes de orilla a orilla, o con mallas por debajo del entramado autorizado. Se impedirá la exportación de pescado de rio sin los controles y certificaciones correspondientes.
4.  Se aumentarán los controles sobre empresas que soliciten autorizaciones para realizar obras sobre cursos de agua. Ejemplos como los de la estación de UTE de “Punta del Tigre” no deben repetirse. Los diversos organismos de control deben coordinar sus esfuerzos.
5. Se impulsará una política de capacitación y reconversión de recursos humanos. Hoy existe una pérdida de personal calificado, tanto a nivel de la pesca artesanal, como de la pesca industrial y de la propia industria. Oficios como el de filetero, en parte responsables de agregar valor al producto, están hoy amenazados. Se impulsará la efectiva aplicación de la ley de acreditación de personal técnico (Ley N° 18.595).
6. Se fortalecerá el papel de la DINARA como organismo de contralor. DINARA ha sufrido una reducción de un 30% de la plantilla funcionarial, y dentro de 5 años se verá reducida en otro 30%, debido a funcionarios que alcanzaran la edad para jubilarse o la edad excedentaria. Es necesario revitalizar el organismo, evitando la duplicación de funciones, reorganizando su operativa e incorporando personal profesionalizado. También hay que asegurar el ejercicio efectivo de la potestad que le confiere la ley para control y fijación de políticas nacionales en materia pesquera.
7. Se unificarán las tareas de contralor de inocuidad alimentaria en un único organismo que nuclee a todos los profesionales y técnicos, creando economías de escala, generando criterios comunes y una desburocratización de las habilitaciones e inspecciones.
8. Se trabajará en conjunto con las empresas y el sindicato en medidas de seguridad laboral que disminuyan los riesgos asociados a la actividad pesquera y resulten en disminuciones de los costos de los seguros.

Apicultura

De acuerdo con el Instituto Nacional de Trazabilidad de los Productos Apícolas (SINATPA), a enero 2018 había en el país 2.132 propietarios de colmenas y unas 480 mil colmenas. Además de sufrir los problemas de competitividad comunes a todos los rubros, este sector se está viendo amenazado por problemas específicos. El primero es el descenso de la heterogeneidad florística. Dado que esa heterogeneidad es clave para la producción de miel, los productores apícolas se han visto obligados a desplazarse, con el consiguiente aumentos de costos y desarraigo de productores. El segundo problema es de carácter comercial, y tiene que ver con las dificultades para exportar debidas a los residuos de glifosato. Alemania, el principal mercado para la miel uruguaya, está rechazando partidas porque los análisis detectaron más de  0,05 mg por kilo de miel.

ACCIONES A IMPULSAR:

1. El rápido desarrollo de buenas prácticas en el uso de fertilizantes y productos de origen químico, ya mencionado en el caso del manejo integral de aguas (Medida 48 de esta misma sección), es esencial para lograr un nuevo equilibrio en la convivencia entre apicultores y productores. Esta instalación de buenas prácticas requiere un componente de información y capacitación, y un componente de fiscalización y sanción. Nuestro compromiso es avanzar en ambas direcciones, por razones que no sólo tienen que ver con los apicultores o con los cursos de agua, sino con nuestro deber de preservar un ambiente sano para las generaciones futuras.
2. La búsqueda alternativas al monocultivo no sólo es necesaria para proteger la actividad de los apicultores sino también para preservar el recurso tierra y los intereses de los propios productores. Las medidas de estímulo a la rotación de cultivos, ya mencionadas cuando se habló de agricultura, apuntan en esta dirección. El cambio conceptual consiste en comprender que, a mediano y largo plazo, los intereses de los agricultores y de los apicultores son convergentes.

Forestación

La actividad forestal representa hoy casi un 0,5% del PBI nacional. Cuando se analiza el impacto total de la cadena forestal, su aporte llega 3,6%. Esto incluye los encadenamientos con industrias y servicios, así como los empleos inducidos (aquellos que son generados por el gasto de los trabajadores del sector).

Las exportaciones de este sector representan casi el 20% de las exportaciones totales, por un monto de 1.600 millones de dólares. Hoy es el segundo complejo agroindustrial del Uruguay, medido tanto en exportaciones como en porción de valor agregado de la economía. Y seguramente será el mayor en los próximos años.

El desarrollo y aumento de las plantaciones forestales se debe a las ventajas comparativas que ofrecen los territorios y sistemas ambientales del país, y a la existencia de un marco jurídico adecuado (Ley Forestal y sus decretos reglamentarios). También influyen factores externos, como el aumento de la demanda, la preservación de los bosques tropicales y la expansión de la biomasa como fuente de energía.

El desarrollo de la actividad se ha concentrado en tres regiones tradicionales y una reciente:

• la zona centro-norte (comprende los departamentos de Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo, se caracteriza por el predominio de bosques de pinos y está destinada principalmente a la madera para transformación mecánica);
• el litoral oeste (comprende los departamentos de Río Negro, Paysandú, Soriano y Durazno, donde se cultivan básicamente las variedades de eucalipto más aptas para la obtención de pulpa de celulosa);
• el sureste (comprende los departamentos de Lavalleja, Florida, Treinta y Tres, Maldonado y Rocha, y se centra en la producción de eucalipto como insumo para las chiperas).
• En los últimos 5 años hubo también un fuerte crecimiento sobre la cuenca del Río Santa Lucía (oeste de Florida, Flores, noreste de San José y noreste de Colonia).

La Dirección Forestal del MGAP estima que, al año 2016, aproximadamente 1,2 millones de hectáreas fueron afectadas a la actividad forestal, con un millón de hectáreas efectivas de bosques comerciales. Este volumen de tierras forestadas está creciendo al 1,5% anual.

El complejo forestal involucra una extensa cadena que parte de la mejora genética (I+D) y los plantines de vivero, pasando por la forestación/plantación, manejos silvícolas, caminería, cosecha, carga y trasporte de la materia prima hasta su procesamiento en los aserraderos, las chiperas o las plantas de producción de celulosa. Actualmente el sector genera unos 25.000 empleos. De ellos, unos 3,5 mil son empleos directos, 13 mil son empleos indirectos y 9 mil inducidos. Los proveedores y contratistas explican el 50% del empleo total. La cadena forestal genera impuestos por 280 millones de dólares, de los cuales el 80% es generado en el proceso productivo forestal.

Uruguay está muy bien posicionado en materia de certificaciones de desarrollo sustentable en su producción forestal. Estas certificaciones cubren el 87% en las plantaciones de bosques y el 100% de los productos que tienen procesamiento industrial.

Las mayores dificultades que enfrenta el sector se relacionan con la competitividad en función de los costos país, y en especial el costo logístico. En el caso de las plantas de producción de celulosa, el costo del trasporte representa entre el 30 y el 50% del valor de la madera puesto en planta. Este alto costo se debe al mal estado de las carreteras y las rutas, además del precio del combustible. En el caso de los aserraderos y debobinadoras, al alto costo de llevar la madera desde los bosques hasta las respectivas industrias se suma que luego deben cruzar el territorio nacional hasta el puerto de Montevideo.

ACCIONES A IMPULSAR:

1. Existe una configuración de transporte que se ha ido incorporando en países competidores, como Brasil, Australia, Canadá. También se usa en algunos de Europa, y está en pleno análisis en Argentina y Chile. Se trata de camiones con tres zorras acopladas. Esta configuración permite un ahorro de más de 20% en el costo de fletes, lo que equivaldría a unos 180 millones de dólares anuales. Esta solución requiere de una infraestructura vial adecuada, especialmente en materia de puentes. El tema debe ser objeto de estudio y planificación.
2. Adicionalmente, Uruguay cuenta con vías fluviales aprovechables. Este recurso ya está siendo utilizado. Un ejemplo es el trasporte bimodal que realiza Montes del Plata, transportando el 50% de la madera que llega a Punta Pereira a través de barcazas. Otro caso es el trasporte de celulosa desde UPM a Nueva Palmira. Existe la posibilidad de potenciar estas soluciones. El Rio Negro es navegable en sus lagos artificiales y en parte de su cauce natural. Un puerto en La Charqueda, o en algún afluente de la Laguna Merín o sobre la laguna misma, permitiría un enorme ahorro logístico, saliendo a través de la laguna de Los Patos en Brasil.
3. Existen buenas razones para que el gobierno estimule la producción de madera de calidad, o sea, madera sólida, no destinada a celulosa sino a ser procesada mediante aserrado, debobinado, u otros métodos. Pero la actual normativa relativa a Bosques de Rendimiento con madera de calidad genera efectos indeseados. Al privar de incentivos fiscales a los bosques con destino a producción de madera para celulosa, los productores han optado por manejar los rebrotes de los bosques implantados en la década del 90 y comienzos del 2000, en lugar de reforestar sus predios, por el simple motivo de no perder la calificación de Bosques de Rendimiento. El resultado es que esos bosques pierden calidad y productividad en cada ciclo forestal, y sobre todo en relación a un bosque implantado con nuevos materiales genéticos y nueva técnicas silvícolas. Existen dos alternativas para romper este círculo vicioso: i)  determinar que aquellos bosques con exoneración vigente, si fueran reforestados bajo un plan aprobado por la DGF, mantendrán la exoneración independientemente del destino de la madera, o ii) generar incentivos fiscales para nuevos bosques que sean calificados como Bosques de Rendimiento (sin necesidad de que sea madera de calidad), para determinada escala de producción.
4. El consumo de biomasa a partir de productos y/o residuos forestales se estima en el entorno del millón de toneladas al año. Este mercado se compone de biomasa en forma de chips para calderas industriales, pellets para calefactores domiciliarios y calderas industriales, trozas para calderas industriales, así como leña (rolos y astillas) para la calefacción domiciliaria o para restoranes y otros. La biomasa bien empleada y de buena calidad es una excelente fuente de energía. Sin embargo, la población no está informada sobre sus ventajas. Existe una importante contaminación por el mal uso de la leña y existen riesgos de la deforestación del bosque nativo por consumo de leña sin conciencia ni fiscalización. Como respuesta a esta situación, nos proponemos desarrollar normas que apunten al desarrollo de un mercado regulado, competitivo y sustentable. Para lograrlo se convocará a propietarios de biomasa, consumidores de energía, productores de pellets, astillas, etc., empresas de servicios energéticos, fabricantes e importadores de calderas y equipos, y empresas dedicadas a asesoría y control de calidad.
5. Nos proponemos potenciar el desarrollo de bosques de protección y abrigo en predios ganaderos. Esta alternativa permite aumentar el bienestar animal, hace posible un uso más eficiente de sitios marginales y ofrece a los productores la posibilidad de sumarse a un rubro pujante, al tiempo que diversifican riesgos e ingresos. Hace falta a este respecto una política de promoción e inversión. Las actividades de promoción deben orientarse a que los empresarios agropecuarios conozcan los beneficios de tener en sus predios bosques de doble propósito (comerciales y de abrigo y sombra). El fomento de la inversión, a través de la Dirección Forestal y del BROU, debe establecer líneas de crédito que faciliten la puesta en marcha de la decisión.
6. Existe una línea de crédito en el BROU, inactiva en este momento, para financiar la implantación de bosques con una gracia total de intereses y amortización de hasta 10 años. Esta línea de crédito tiene la ventaja de que el productor no hipoteca la tierra, sino que prenda la madera fruto del bosque, Estas características especiales se adaptan bien a la naturaleza biológica del ciclo de cultivo. Nos proponemos reactivar esta opción.
7. Hoy existe una normativa que permite llegar hasta un 8% del área para implantar bosques con objetivo de sombra. En predios muy chicos, este 8% inviabiliza la posibilidad de que una empresa se interese. Nos proponemos analizar la posibilidad de llevar ese límite a un porcentaje superior, lo que daría la posibilidad de que muchos productores chicos puedan incursionar en el rubro forestal.
8. Nos proponemos desarrollar un plan estratégico y de política forestal para los próximos 30 años, como es usual en los países más avanzados. El objetivo es marcar un rumbo que permita a todos los operadores trabajar con tranquilidad y enfocados en los mismos objetivos (por ejemplo, operadores involucrados en investigación, extensión, políticas públicas, inversión, formación, etc.). Para desarrollar este plan se debe contar con una buena línea de base, que sirva de plataforma y referencia hacia el futuro. La mayor parte de la información necesaria para definirla se encuentra en manos de la Sociedad de Productores Forestales o de sus integrantes. También hay información valiosa en organismos oficiales tales como DGF, DINAMA, OPP y OPYPA entre otros. Los pasos a seguir para alcanzar un Plan Estratégico Forestal para 2 o 3 décadas se debería seguir una serie de hitos:

Hito 1- Línea de base del sector forestal en el Uruguay, y su impacto en los demás sectores.

Hito 2- Estudio de la competitividad, y situación internacional actual y perspectiva de los principales productos forestales.

Hito 3-  Establecer una Agenda Nacional con participación de los diferentes sectores involucrados (productores forestales, industria, universidades, contratistas, trabajadores, organismos reguladores, instituciones de protección y cuidado del ambiente, etc.).

Hito 4- Generar un Consejo de Políticas Forestales, encargado de diseñar la política forestal uruguaya, acompañar su implementación y evaluar su desempeño.

Hito 5- Crear una serie de objetivos a alcanzar en el corto plazo (medidas urgentes a 1 a 3 años), objetivos a mediano plazo (5 años) y de largo y muy largo plazo (10 y 20/30 años).

1. El desarrollo del silvopastoreo deberá analizarse como un enfoque alternativo y complementario. El desarrollo de madera de calidad y la posibilidad de agregar valor en este tipo de plantaciones constituye una oportunidad a explorar

Producción Intensiva: horti-fruti y vitivinicultura, producción animal intensiva

Se trata de un sector muy complejo, que abarca desde la producción vegetal y animal hasta la agroindustria: packing y almacenaje, mataderos, frigoríficos y bodegas. Es además un sector muy disperso geográficamente (desde la región metropolitana hasta Salto y Bella Unión) y muy variado en las formas de explotación (desde producción familiar hasta complejos agroindustriales). Además, incluye un subsector orientado al mercado interno y otro exportador.

La producción intensiva está afectada por los mismos problemas de manejo macroeconómico que afectan a todo el agro (especialmente el tipo de cambio y costos internos). A eso se suman algunos específicos. Los problemas de logística y transporte afectan fuertemente su competitividad.  El mal funcionamiento del Mercosur crea problemas comerciales. La imposibilidad de ofrecer mejores remuneraciones lo enfrenta a un problema de insuficiencia de mano de obra, que emigra hacia sectores que pagan mejor. La producción rural familiar disminuye porque en el medio urbano existen mejores oportunidades para los hijos de productores. Con la tecnología actual, para producir no hace falta vivir en el predio.

ACCIONES A IMPULSAR:

1. Se incluirá al sector rural metropolitano como población prioritaria en todas las políticas de seguridad, transporte, educación, salud y vivienda. Esas políticas deben apoyar a quienes eligen vivir en el campo (y no solo producir en él) como manera de impulsar una nueva ruralidad.
2. La política general de reducción de precio de energía eléctrica y combustibles tendrá un efecto directo sobre los productores e industrias del sector.
3. Paquete de medidas para frenar la crisis que sufre el sector vitivinícola: mantener la prohibición de la importación en envases mayores de un litro; restablecer el 0.3 como límite al alcohol permitido para conducir; mantener la actual tasa de subsidio para productores.

Arroz

El sector arrocero es uno de los más dinámicos del país. Pero hoy está en dificultades, principalmente por un problema de costos. Ese problema afecta a todos los involucrados, pero castiga especialmente a los productores, que son el último eslabón de la cadena. Los costos de producción están fundamentalmente determinados por el tipo de cambio, y en menor medida por el costo del combustible y otros insumos. Hay además problemas de endeudamiento y de deterioro del clima laboral en el sector industrial.

ACCIONES A IMPULSAR:

1. Se realizará una revisión de las tarifas fijadas por el Ministerio de Transporte, que hoy son elevadas y no guardan relación con la realidad.
2. Es necesario generar certidumbres en relación a los costos de llegada a puerto de la producción. A partir de mediados de este año, los trenes provenientes del este van a tener que descargar en Peñarol. Esto generará costos extras, que se suman a los ya generados por la creciente demanda de entrega de la producción en contenedores. Para el ramal que viene de Tacuarembó, existe el riesgo de que el transporte de celulosa deje poco espacio para el arroz. Es necesario estudiar soluciones y anunciarlas con anticipación.
3. Debe modificarse el artículo 116 de la Rendición de Cuentas 2017, que dispone que los trabajadores de empresas de servicios de depósitos portuarios, extra portuarios y muelles deben cobrar como mínimo 13 jornales, sin importar si los días trabajados son menos. Esta disposición aumenta los costos operativos, lo que termina trasladándose al sector exportador. Según los exportadores, el sobrecosto que generaría la medida está entre 20 a 200 usd/tonelada. Además, hay argumentos jurídicos para considerarlo inconstitucional.
4. Más del 60% del área arrocera se realiza en esquemas de arrendamiento. Dado que el arroz exige grandes inversiones, hacen falta mecanismos para afianzar relaciones de largo plazo entre arroceros y ganaderos. Está comprobado que realizar el arroz en un esquema de rotación con pasturas genera beneficios en los dos rubros: la ganadería y el arroz.

Colonización

El Instituto Nacional de Colonización contribuyó a consolidar un paradigma que asocia la construcción de ruralidad a la tenencia de la tierra como elemento excluyente. Pero la realidad ha superado esta visión. Hoy, la vinculación a lo rural incluye a proveedores de servicios, operarios calificados y otros actores, cuyas necesidades no pasan por recibir un predio a colonizar.

Cuando hoy pensamos en el bienestar del trabajador rural, debemos pensar en el acceso en tiempo y forma a los servicios de salud, el efectivo acceso a la educación (desde primaria a universitario, idiomas etc.), el acceso a entidades financieras (crédito, medios de pago), en el desarrollo de infraestructura y medios de comunicación (internet), y muy especialmente en la seguridad. Más allá de las intenciones originales, entregar tierra sin ocuparse de estos servicios básicos puede terminar siendo un camino para excluir y para aislar. Por el contrario, asegurar estos servicios aumentará notoriamente el atractivo de afincarse en el medio rural, con independencia de la clase de actividad que se realice. Un operario calificado de maquinaria agrícola es tan parte de la ruralidad como alguien que dedica toda su jornada a trabajar un pedazo de tierra.

Por estas razones creemos que el Instituto Nacional de Colonización no debe tener el foco de su acción en la tierra, sino en la persona y en la familia. Eso implica que debe ir más allá del reparto de tierras, desarrollando líneas que prioricen la adjudicación de predios a grupos (ya sea con destino a recría, invernada, producción de forrajes etc.) y fortaleciendo su capacidad técnica para ofrecer soluciones a empresas familiares.

El Instituto de Colonización distribuyó tierras, pero no mejoró las condiciones de vida de los colonos ni consiguió instalar una corriente de afincamiento en el medio rural. Parte del problema se debe a su aislamiento respecto de las autoridades educativas, sanitarias, policiales, etc.

ACCIONES A IMPULSAR:

1. Crear las normas y mecanismos para que el colono arrendatario que cumpla las condiciones que la ley exige pueda adquirir la fracción que arrienda con las facilidades previstas.
2. Revisar el régimen jurídico de colonos propietarios, especialmente las obligaciones impuestas por la ley Nº 11.029.
3. Quitar del régimen impuesto por el Art. 5 de la Ley Nº 18.756, de 26 de mayo de 2011, a los propietarios de inmuebles rurales adquiridos al Banco Hipotecario y la Sección Fomento Rural de Colonización, que devienen colonos por imposición de esa norma.
4. Revisión de procesos internos para dar destino definitivo a los  campos. En la actualidad hay un período aproximado de 2 años entre que se adquiere el campo y se adjudica. Hay más de un 10% de la tierra en propiedad del Instituto (aproximadamente 50.000 has) que no está adjudicada, o lo está en forma precaria. El tiempo en el sector agropecuario es mucho dinero. Colonización no lo está considerando.
5. Priorizar la  mejora en la explotación del recurso tierra  ya existente, realizando, entre otros, relevamientos a nivel de producción y calidad de vida de los colonos.
6. Apuntar a una mayor presencia Institucional del INC en el territorio, no solo dirigida al contralor del  cumplimiento de obligaciones que impone la Ley N° 11.029, sino apoyando y acompañando a los colonos y sus familias, con fuerte articulación con otras instituciones.
7. Promover el acceso a la asistencia técnica por parte de los colonos, generando instrumentos para la intervención, registro y seguimiento de dichos proyectos. En este aspecto tendrán especial importancia las políticas de desarrollo del MGAP.
8. Priorizar la adjudicación a pequeños productores con problemas de escala e inseguridad en la tenencia de la tierra. Desde el 2008 han desaparecido unas 7.000 empresas agropecuarias (todas pequeñas) al mismo tiempo que el número de colonos aumentaba en 3.000. El saldo nos confronta a una política pública que ha fracasado.
9. Fomentar el acceso a la tierra de asalariados rurales a través de proyectos grupales, priorizando el apoyo técnico y económico para el desarrollo de emprendimientos. La lógica es que el acceso a campos de Colonización en este marco funcione como un complemento salarial.
10. Fomentar la presentación de proyectos de alta productividad por parte de estudiantes y egresados de educación terciaria y/o universitaria,  a través de un plan de “Arraigo Juvenil”.
11. Fomentar para hijos de colonos el acceso a planes de becas de estudio en temas vinculados con el agro, así como a alojamientos a nivel departamental y nacional.
12. Priorizar la compra/expropiación de tierras ubicadas en zonas “críticas” por razones medioambientales. Si el Estado va a tener tierras, que las tenga en zonas sensibles desde el punto de vista ambiental, integrando en la gestión al SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas).
13. Revisar el régimen jurídico y la política llevada adelante sobre colonias dirigidas. No podemos obligar a los colonos a producir lo que el INC decida, especialmente si, como ocurre, esas imposiciones conducen a una producción no rentable (con el agravante de que luego se exige el cobro de la renta).
14.  Derogar el envío al clearing de aquellos colonos que presenten atrasos en sus rentas. Hoy el Instituto cuenta con herramientas suficientes para hacer efectivo el cobro de las deudas.

Desarrollo Rural y pequeños productores

Si bien el oficialismo ha declarado su intención de proteger a los pequeños productores, los datos dicen que eso no ha ocurrido. Entre 2008 y 2017 desaparecieron casi dos empresas por día. La inmensa mayoría eran microempresas. Como resultado se perdieron 4,4 empleos por día. La cantidad de empleados cotizantes cayó de 105 mil a 89 mil. Actualmente, más del 50% de los productores familiares tiene una alta incertidumbre sobre su futuro: no saben si se mantendrán en la actividad o la abandonarán.

Durante los años de gobierno del FA, Desarrollo Rural del MGAP ejecutó 10 tipos de proyectos distintos, por un total de 90 millones de dólares. Pero no ha podido frenar ni mucho menos revertir esta tendencia. Es necesario adoptar un enfoque diferente, que pueda aportar las respuestas que no han existido hasta ahora.

ACCIONES A IMPULSAR:

1. Las acciones de apoyo, independientemente de la agencia estatal de la que provengan, deben adoptar una metodología común: el trabajo en grupos de productores que comparten problemas y desarrollan respuestas comunes. Uruguay tiene largos y exitosos antecedentes en la materia, como FUCREA. El Plan Agropecuario debería reorientarse en esta dirección. Otro foco es el financiamiento de inversiones que permitan levantar las restricciones que frenan a los sistemas de producción (en este caso es posible recurrir a financiamiento externo).
2. Las empresas familiares son la gran mayoría de las empresas agropecuarias del país. Pero su problemática específica no ha sido debidamente abordada. Lo que hubo son respuestas acotadas, fragmentadas, sin un análisis sistémico de los problemas de competitividad que atraviesa el sector, ni sobre sus potencialidades. Desde nuestro gobierno se prestará especial atención a este tipo de empresas, incluyendo en el análisis su capacidad de mantener el entramado social del país rural.
3. Estamos a 10 años de la realización del último Censo Agropecuario Nacional. Es necesario realizarlo nuevamente. El pasado censo se ejecutó durante un lapso muy largo. Es necesario organizarlo de manera más eficiente. Para ello se analizará el rol del Ministerio de Defensa, cuya capacidad logística es crucial para evitar algunas de las dificultades experimentadas. Contar con información actualizada y confiable es esencial para actores centrales del sistema, como el Instituto de Colonización. “Tener la foto” del sector agropecuario es el primer paso para diseñar políticas públicas adecuadas.
4. El gran salto cuantitativo en la producción agropecuaria pasa por la investigación y el aterrizaje de la innovación en los productores agropecuarios. Ahí tenemos un problema: la llegada de la investigación a los productores. La Extensión tiene un rol clave en un contexto de articulación y cooperación con el sector privado para promover la innovación, la capacidad emprendedora, el desarrollo del capital humano, y fortalecimiento de los actores locales como agentes de cambio.  No promovemos un único modelo institucional de transferencia de tecnología. Se pueden utilizar modelos más lineales cuando las cadenas de valor están más organizadas. Por otro lado, se necesitan de modelos de co-innovación con innovaciones institucionales para superar los desafíos de cadenas de valor más imperfectas, de alta dispersión en el territorio, escalas diversas, niveles educativos heterogéneos, conflictos de intereses entre los actores sin fácil resolución, etc. Por ejemplo, estos casos contrastantes serían de las cadenas de valor de la cebada u el arroz y por otro lado la ganadería extensiva dominante en el Uruguay.  Desde el MGAP, se comenzó la implementación de un plan nacional de transferencia con foco en la ganadería, pero este no está alineado a nuestra concepción moderna de un modelo público-privado de transferencia de tecnología. La implementación de plan moderno debe tener una serie de elementos que hacen a la generación y promoción un proceso de innovación de largo plazo: participación del sector privado en el diseño, planificación, monitoreo y evaluación y gobernanza de los planes, cofinanciamiento público-privado de acuerdo al logro de metas.